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Massot en los pasillos del Congreso son la punta del iceberg de una disputa respecto del rol del radicalismo cordobés en la interna mediterránea que ya lleva meses y que, a la luz de los resultados, aceleran decisiones en la Rosada.
Una de ellas sería la de enviar definitivamente a la papelera de reciclaje el proyecto del ministro de Defensa Oscar Aguad de sacarles a los militares el manejo de IOSFA, la obra social del personal en actividad y retirado de las Fuerzas Armadas para dárselo a personal externo y de impulsar la tercerización de servicios.
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Esta movida de Aguad provocó en su momento una fuerte reacción en su contra por parte de los uniformados, que le costó la cabeza a Horacio Chighizola, el segundo de Defensa, así como denuncias en Defensa de la Competencia por manejos ilegales de licitaciones.
A las acciones devaluadas de Aguad entre las fuerzas, el ministro le sumó el viernes sus polémicas declaraciones sobre el siniestro del ARA San Juan. En el acto por el Día de la Armada en la base naval de Puerto Belgrano, el ministro citó entre las causas de la tragedia del submarino la “falta de entrenamiento y de capacidades”.
Con respecto al manejo de IOSFA, si bien luego de que el escándalo tomara estado público el Gobierno trató de bajarle los decibeles, el malestar dentro de la obra social continuó su escalada. Un hecho poco difundido pero que provocó reproches al ministro Aguad fue la renuncia de Gabriel Juez -hermano de Luis, derrotado candidato a intendente de Córdoba- a su cargo de interventor de la delegación provincial de IOSFA.
En su carta de despedida, Juez manifestó que el proyecto del ministro de “privatizar” la obra social constituía una afrenta para los hombres y mujeres de las FFAA: “Nunca se puso en tela de juicio por parte de la superioridad, al menos hasta este momento, la aptitud que como militares pudiéramos tener, por nuestra profesión y experiencia, en lo atinente a la gestión y decisión, particularmente en el manejo de nuestros propios intereses por ser hombres de honor y principios, sobre los cuales se sedimenta nuestra formación militar, desde que ingresamos a los institutos de formación”, expresó el funcionario saliente, quien además aseguró que llevó el tema a la Justicia.
Ahora, con las acciones de la UCR cordobesa devaluadas y consciente de la importancia que tiene el “voto militar” en las próximas elecciones, el jefe de Gabinete Marcos Peña habría decidido y comunicado a Aguad que su proyecto para IOSFA queda archivado. Como anticipo de esta política de reconciliación, Peña devolvió recientemente a los militares la gestión del IAF (Instituto de Ayuda Financiera), el organismo que paga las jubilaciones y pensiones del personal y otorga créditos hipotecarios.
El segundo paso, se descuenta, será reponer el manejo de los 20 mil millones de pesos anuales de la obra social a la órbita de control de los militares de carrera y, asimismo, acelerar la partida de Pedro Barrios, el interventor designado por Aguad e impulsor del proyecto privatista.
El IOSFA tiene más de 600 mil afiliados y nació en 2013, bajo el gobierno de Cristina Kirchner. Antes había una obra social por cada una de las armas: el IOSE (Ejército), la DIBA (Armada) y la DIOSFA (Fuerza Aérea).
GK