El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) oficializó el envío de la causa por el direccionamiento de la obra pública al Máximo Tribunal Penal quien solicitó toda la causa -con al
menos 50 cuerpos- para resolver al menos nueve recursos, dos de los cuales corresponden a la ex presidenta. El TOF dejó en manos de la Corte la decisión sobre la suspensión o no, de la primera audiencia prevista para el 21 de mayo.
Lo que debe resolver la Corte son nueve recursos extraordinario. Dos pertenecen a Cristina Kirchner, el resto a Carlos Kirchner, Julio De Vido, y otros acusados en el expediente.
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Esos dos recursos que presentó la defensa de la ex presidenta son una serie de pedidos de medidas de prueba en lo que intenta “demostrar la absoluta falsedad” de las imputaciones según sus escritos.
Para refutar la acusación sobre la concentración económica de la obra pública, la defensa había requerido una pericia contable de toda la obra pública en todas las provincias para “establecer si hubo o no una concentración en las partidas en favor de la provincia de Santa Cruz en materia de obra pública”.
La Justicia estableció que Santa Cruz recibió el mayor porcentaje de obras de la Dirección Nacional de Vialidad, incluso financiando rutas provinciales por las que no correspondía afectar presupuesto nacional. De total de licitaciones, el Grupo Austral que comandaba Lázaro Báez fue adjudicatario del 86%.
Por otro lado, Cristina Kirchner también pidió otro estudio pericial “tendiente a determinar si hubo o no sobreprecios en las obras investigadas, si las mismas presentaban o no deficiencias constructivas y si se cumplieron o no los plazos establecidos en los pliegos de licitación”. Todo ello, en relación a las 52 obras que fueron materia de acusación por parte de los fiscales, la Oficina Anticorrupción y la Unidad de Información Financiera.
En respuesta a este pedido el TOF 2 autorizó un peritaje sobre cinco casos testigos de obras asignadas a Lázaro Báez y que según determinó la Justicia durante la instrucción, contaron con direccionamiento durante la etapa del llamado licitatorio, sobreprecios que promedian el 65%, y falta de culminación de la mitad de los contratos otorgados.
Esta prueba iba a ser incorporada a pocas semanas del inicio del juicio, ya que el TOF e incluso la Cámara de Casación consideraron que no afectaba el inicio del juicio contar con los resultados previamente, a raíz de la prueba acumulada ya en la causa.
Otra medida requerida por la senadora de Unidad Ciudadana y que no fue admitida, fue la convocatoria a prestar declaración testimonial a “todos los legisladores que votaron afirmativamente las respectivas leyes de presupuesto”, donde se asignaba la partida para obra pública.
Por otro lado, la defensa solicitó que se citara a los funcionarios que “tomaron intervención en los respectivos expedientes administrativos que se sustanciaron en la esfera del Poder Ejecutivo con motivo de las reasignaciones de partida dispuestas a nivel de Jefatura de Gabinete, Ministerio de Planificación y Vialidad Nacional”.
Ante la derogatoria a las medidas pedidas por la ex mandataria, su defensa presentó dos recursos de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pidiéndole al Tribunal que, “de una vez por todas, interviniera en el caso y requiriera la remisión de los autos principales”, a lo que la Corte accedió.
Hay incluso siete recursos más de otros acusados en la causa, que debe resolver la Corte, entre ellos un planteo de competencia de la Cámara de Casación ya que fueron dos salas, la I y la IV las que intervinieron en diferentes incidentes vinculados a la causa.
Según fuentes judiciales la remisión del expediente a la corte busca evitar incidentes de nulidad durante la sustanciación del juicio. Por otro lado, quienes difieren con este planteo sostienen que la mayoría de los juicios se llevan adelante con recursos extraordinarios sin resolver por parte de la corte porque esto también está habilitado por la Justicia. Bajo este argumento son varios los que sostienen en los tribunales de Comodoro Py que el juicio podría iniciar sin temor a ninguna nulidad pesa la resolución posterior de la Corte.
La discusión no se resume a los nueve recursos que debe analizar el Máximo Tribunal. Este martes la Sala IV de Casación Federal rechazó otros pedidos de la ex presidenta. En ellos pedía que la causa se envíe a Santa Cruz ya que los hechos investigados ocurrieron allá y que ya hubo un expediente de similares características en Río Gallegos. “Esto será motivo se otro recurso extraordinario”, señalaron allegados a la defensa de Cristina.
Finalmente, la justicia en lo Civil y Comercial rechazó el envío por parte del TOF 2 de la demanda civil que el Gobierno de Mauricio Macri inició en el marco de esta causa contra Cristina Kirchner, señalándola como responsable de un perjuicio de más de 17000 millones de pesos por las maniobras defraudatoria.
La demanda civil indicaba que la ex presidenta como los demás acusados, eran conjuntamente responsables del daño efectuado al Estado nacional y que debían responder al mismo con sus respectivos patrimonios. El Tribunal consideró que esta demanda debía instruirse en el fuero civil y comercial, pero recientemente el mismo se declaró incompetente y le devolvió la demanda dos número dos será entonces la Corte una vez más, quién resuelva sobre esta situación.