Como ya había hecho la querellante Oficina Anticorrupción, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 2, Diego Luciani, también le reclamó a los jueces que no pospongan el inicio del juicio
a Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Lázaro Báez, entre otros, por supuesta corrupción en los contratos de obra pública vial en Santa Cruz. La primera audiencia está prevista para el 21 de mayo, aunque un inesperado pedido de la Corte -que este lunes reclamó el expediente- hace prever que esa fecha no se cumplirá.
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Luciani advierte que, “aunque resulte una obviedad”, “la mera interposición de un recurso de queja ante la Corte Suprema no suspende el trámite del proceso y, por tal razón, corresponde adoptar medidas a los efectos de asegurar que el 21 de mayo se pueda dar inicio a la audiencia de debate en la presente causa.”
Para lograrlo, el fiscal solicitó que los jueces requieran a la Corte que devuelva la causa “con antelación suficiente” para que esa fecha no se deba postergar.
Con la firma de cuatro de sus jueces, el máximo tribunal pidió el lunes a última hora que el TOF 2 remita la causa principal -no copias certificadas, sino el original de más de 60 cuerpos-, para resolver una serie de recursos planteados por la defensa de la ex Presidenta.
Eso indefectiblemente retrasará el inicio del juicio, ya que según señalaron fuentes judiciales, “sin el cuerpo principal del expediente no se puede dar inicio a la audiencia, no te podés remitir a ninguna foja ni leer el requerimiento de elevación a juicio”, esto último es lo primero que se hace en el inicio de la instancia oral.
Buscando evitar la suspensión de la audiencia inicial, el fiscal Luciani en el escrito al que accedió Clarín planteó que el máximo tribunal devuelva el expediente a tiempo, y al mismo tiempo que se “haga saber a los señores ministros de la Corte que las presentes actuacioneshan sido en su totalidad digitalizadas para agilizar la tarea de todos los operadores judiciales y de las partes”.
En consecuencia se pidió “que se pongan a disposición del Alto Tribunal las copias digitales para que continúe con el análisis y estudio que entienda necesario efectuar, y devuelva los autos principales para llevar a cabo el juicio oral y público previsto para el día 21 de mayo del corriente año a las 12:00 horas”.
La causa fue elevada a juicio oral hace un año y poco más de dos meses, por ello Luciani concluyó su presentación remarcando la poca conveniencia que tiene retrasar el inicio del juicio contra Cristina Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita que defraudó al Estado en la concesión de obras públicas por 46.000 millones de pesos. “Entiendo que la solución propiciada en esta presentación permitiría entonces armonizar el recto cumplimiento de las tareas inherentes a las diversas instancias del sistema de justicia, respetando en ese marco el debido proceso legal del derecho de defensa que asiste, también constitucionalmente, a las partes”.
El juez federal Julián Ercolini fue quien procesó a Cristina Kirchner y dio por corroborada la existencia de un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en “detrimento de las arcas del Estado”. Ello se hizo, según el juez, a través de “simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez”, entre otros puntos.
Esta operatoria posibilitó que entre 2004 y 2015 Lázaro Báez incrementara sus bienes en un 12.127%.
El patrimonio de Austral Construcciones -su firma insignia, que hoy tiene una quiebra decretada-, tuvo un crecimiento de 45.313%, según un informe sobre el cual trabaja el Tribunal Oral como parte de la prueba que sustenta el “direccionamiento a favor del grupo Báez”.
