El Consejo Directivo de la Facultad Regional La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) podría determinar el desplazamiento del decano Carlos Fantini. El funcionario se encuentra procesado y
embargadopor su presunta responsabilidad en el desvío de 181 millones de pesos destinados a la contratación de ingenieros responsables del monitoreo del plan Argentina Trabaja.
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La resolución de las autoridades de la UTN fue por mayoría (14 votos positivos contra 3 negativos). Esta determinación coloca a Fantini en situación inestable porque los miembros del Consejo determinaron un sumario interno. Es para indagar sobre su conducta, mientras la causa procura más evidencias.
El juez federal Ernesto Kreplak intenta comprobar si Fantini y el ex vicedecano, Carlos Alberto López, también presidente de la Fundación de la Universidad, fueron parte de un manejo ilegal de fondos que escala más arriba en las responsabilidades institucionales de la anterior administración kirchnerista.
La carátula judicial es por fraude en perjuicio de la Administración Pública y adulteración de documentos privados.
El mismo sistema de recaudación ilegal fue comprobado en la causa por los desvíos de fondos de la mina de Río Turbio, donde quedó procesado el decano de la facultad de Río Gallegos de la UTN, Martín Goicochea. Este esquema preveía, en los dos casos de la UTN, la utilización de fundaciones de las facultades para recibir el dinero de los fondos nacionales y hacer millonarias contrataciones sin llamar a licitación pública.
En el caso de Río Turbio se descubrió que el ministerio de Planificación hizo la misma intermediación con la UTN La Plata por 376 millones de pesos, que –por cuerda separada en la investigación- se sumaron a los 181 del ministerio de Desarrollo Social. La ecuación que maneja la Justicia es que la UTN La Plata fue una terminal de convenios con estos organismos nacionales por un monto total de 859 millones de pesos.
Por esas presunciones Fantini está al borde de ser echado. El Consejo de esa casa de altos estudios revisa si actuó fuera del encuadramiento estatutario (artículo N° 68) establecido para este tipo de comportamientos. Es para aquellos funcionarios que participan “en actos que atenten contra la estabilidad constitucional, así como también contra la dignidad y la ética universitaria” o incurren en “falta de conducta o negligencia grave”.
La controversia es a partir de la investigación del desvío de parte de esos 181 millones de pesos del ministerio de Acción Social, bajo la administración de Alicia Kirchner. La UTN platense tenía que contratar peritos controladores de esos planes sociales. Pero, el dinero fue cobrado por personas que usaron el nombre de ingenieros de esa universidad sin su consentimiento. La causa fue abierta en su momento en base a una investigación de Clarín, con el patrocinio de la fundación Poder Ciudadano, a través de su presidente Hugo Wortman Jofre.
Kreplak sostiene el procesamiento de Fantini y López porque –según el fallo- “las conductas desplegadas por ambos los señalan como coautores del hecho, pués han efectuado aportes esenciales para la perpetración de la maniobra fraudulenta”.
En su dictamen el juez explicó que “ninguna de las personas a nombre de las cuales se libraron los 1034 cheques antes aludidos, aparecen cumpliendo labores en el marco de la ejecución del Convenio 1411/2013” con el ministerio de Desarrollo Social. Los cheques eran para pagar becarios que auditaran el “Plan Argentina Trabaja”. “Los cheques librados a nombre de esas personas fueron cobrados siguiendo la misma metodología que los expedidos a nombre de otros 250 supuestos becarios, la cual, como se verá más adelante, se habría implementado para concretar el retiro de los fondos desviados” desde un banco, completó el magistrado.
Hace meses, varios de estos ingenieros, consultados por Clarín, mencionaron que resultaron víctimas de una sustracción de identidad para poder cobrar los cheques. Sus nombres fueron usados para un registro como supuestos consultores de Desarrollo Social y los cheques eran cobrados por terceros en una sucursal el Banco Nación de La Plata. Uno de ellos, Ernesto Fudim, es un médico jubilado del PAMI que jamás pisó la UTN y denunció que le habían robado la identidad para cobrar plata por servicios que nunca proveyó.
El Plan Argentina Trabaja fue conformado en agosto de 2009 y establece contrato de cobro de un ingreso mensual para desocupados por tareas en obras y mantenimiento del espacio público.
Los beneficiarios formaron cooperativas y fueron contratados por (municipios, provincias o el INAES). Precísamente, para controlar este plan, Desarrollo Social firmó convenios con el decano de la UTN, Fantini, el funcionario a punto de ser desplazado por la Asamblea Universitaria.