La Justicia rechazó el amparo presentado por el diputado Alfredo Olmedo contra la ley Micaela. El legislador quería que se declarara inconstitucional la norma que tiene como objetivo capacitar en materia
de género a los tres poderes del Estado.
La titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 5, María Alejandra Biotti, no dio lugar al pedido presentado por el legislador. Entre los argumentos para la negativa, la magistrada aseguró que “en la presente acción de amparo no se advierte la existencia de caso o causa judicial por cuanto el aquí amparista no se encuentra legitimado para solicitar la declaración de inconstitucionalidad”.
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Y agrega: “Es que por regla, el ejercicio de la función jurisdiccional requiere que los litigantes demuestren la concurrencia de la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”.
En esta misma línea, explicó que “la reacción impugnatoria no pueda ser promovida por quien no se encuentra personal y directamente perjudicado. Este factor opera como límite negativo. No basta cualquier interés; se torna indispensable un interés calificado”.
“La mera condición de ciudadano y de legislador no le otorgan legitimación suficiente para solicitar ante la Justicia la declaración de inconstitucionalidad de una norma que no le agravia de manera expresa y concreta”, suma el texto.
La ley fue aprobada en diciembre del año pasado y establece la “capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación”. El Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) fue nombrado como autoridad de aplicación.
Se la llamó ley Micaela por Micaela García, una joven de 21 años de Gualeguay que fue violada, degollada y abandonada entre pastizales en abril de 2017. Uno de sus asesinos debería haber estado en prisión al momento del crimen por la violación previa de dos chicas. Sin embargo, un juez le había otorgado la libertad condicional.
Olmedo, que fue el único diputado que votó en contra de la sanción de la ley, denunciaba que con la norma se buscaba “adoctrinar sobre perspectiva/ideología de género y aborto” y que eso es “contrario a la libertad religiosa consagrada y protegida por la Constitución Nacional y por Tratados Internacionales de igual jerarquía”. A su vez, sostenía que afectaba íntimamente sus convicciones personales “de manera arbitraria e ilegal, como también la de muchos trabajadores estatales”.
PS