En dos días, y por primera vez, Ricardo Echegaray estará sentado en el banquillo de los acusados frente a un tribunal oral que lo juzgará por corrupción. El viernes comenzará el
primero de varios juicios orales que enfrentará este año.
Con el correr de las audiencias se buscará determinar si Echegaray es responsable de haber violado el secreto fiscal y otros delitos, a raíz de una denuncia que perjudicó al entonces diputado nacional y luego ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay.
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“Ricardo Daniel Echegaray deberá responder como autor penalmente responsable del delito de instigador de falso testimonio agravado por haber sido cometido en causa criminal en perjuicio del inculpado (Prat-Gay) en concurso real con el delito de revelación de secretos en calidad de coautor, en concurso ideal con el delito de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público en calidad de autor”, indicó el fiscal Carlos Stornelli cuando en 2017 pidió la elevación a juicio del expediente.
Tiempo después, el juez Claudio Bonadio elevó la causa a juicio, y el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) integrado por los jueces Néstor Costabel, Gabriela López Íñiguez y Daniel Obligado fijó fecha en un comienzo para febrero, pero tras su postergación el juicio comenzará este viernes a las 9.30.
También serán llevados a juicio Horacio Justo Curien y Pedro Gustavo Roveda, dos ex funcionarios de la AFIP que denunciaron a Prat-Gay por la presunta complicidad en el ocultamiento de bienes de ciudadanos argentinos en el exterior.
Para la Justicia -en la etapa de instrucción-, quedó “demostrado que Echegaray determinó a los funcionarios Pedro Roveda y Horacio Curien para que cometan falso testimonio al declarar bajo juramento de decir verdad que el contenido de una denuncia penal era veraz pero carecía de las medidas probatorias mínimas para acreditar los eventos denunciados”.
En la causa se determinó que el entonces titular de la AFIP no agotó “la instancia administrativa que hubiese permitido conocer que los hechos denunciados no eran delictivos” e involucró a Prat-Gay en “una asociación ilícita formada para que los contribuyentes evadan impuestos y no se conozcan sus cuentas bancarias y valores radicados en el exterior del país”.
Prat-Gay había denunciado en 2015 que Echegaray y los otros dos ex funcionarios de la AFIP mintieron al imputarle ante la jueza en lo Penal Económico Verónica Straccia una evasión de impuestos en el manejo de dos cuentas bancarias en el exterior de otras personas. Sin embargo, de acuerdo con Stornelli, las cuentas ya habían sido declaradas al Fisco una década atrás.
Según la acusación fiscal, Roveda y Curien cometieron delito al denunciar el caso a partir de “información confidencial” obtenida a partir de un acuerdo con las autoridades impositivas francesas y Echegaray al revelar esos datos secretos en una conferencia de prensa y una entrevista brindada al diario Página/12.
En breve, a Echegaray le queda otro complejo juicio: el que compartirá con Cristóbal López y Fabián De Sousa, todos acusados de haber defraudado al Estado al no remitir al fisco 8.000 millones de pesos recaudados por la firma Oil Combustibles (del Grupo Indalo) que correspondían al Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC).
Además, el juez Sebastián Casanello lo envió a juicio oral por encubrir a Lázaro Báez. La acusación es por encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público, al dejar que la empresa de Báez Austral Construcciones intentara justificar gastos inexistentes con facturación apócrifa.
Echegaray fue uno de los funcionarios más importantes del gobierno kirchnerista. Aunque investigado en varios expedientes, en los tribunales de Retiro hubo cierta demora para avanzar en las múltiples causas de corrupción en su contra.