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El presidente venezolano, Nicolás Maduro, allanó el camino para el arresto de siete prominentes políticos de la oposición por su presunta participación en el fallido levantamiento militar de la semana pasada. Los políticos apoyaron públicamente a Juan Guaidó, junto con más de veinte soldados que habían roto filas, el 30 de abril, cuando aparecieron frente a una base aérea de Caracas en una incitación a las fuerzas armadas para que ayudasen a derrocar al autócrata gobernante.
La insurrección fracasó unas horas después, cuando los principales militares del Ejército ignoraron el llamamiento y las fuerzas de seguridad aún leales al régimen recuperaron el control de las calles de la capital.
La ley venezolana otorgaba a los políticos acusados inmunidad judicial porque son miembros de la Asamblea Nacional, la institución que encabeza Guaidó. Pero Maduro creó la llamada Asamblea Constituyente para eludir esa legislatura, un órgano políticamente omnipotente e integrado mayoritariamente por figuras leales al partido socialista. El martes, votó unánimemente a favor de la recomendación del máximo tribunal de Venezuela, también integrado en su mayoría por leales a Maduro, para despojar a los políticos de inmunidad para que pueda proceder una investigación criminal.
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Diosdado Cabello, líder de la Asamblea Constituyente, dijo durante la votación que no habían logrado crear fisuras en el Ejército. Entre los acusados figuran el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, el ex jefe de la legislatura, Henry Ramos Allup, así como los políticos Luis Florido, Richard Blanco, Mariela Magallanes, José Simón Calzadilla y Américo De Grazia. Cabello dijo que se estaba investigando a otros tres políticos.
Maduro dice que sus oponentes intentaron llevar a cabo un golpe de Estado y están investigando a los políticos de acusaciones que incluyen traición, rebelión e intención delictiva. Guaidó, al que Estados Unidos y otras 50 naciones reconocen como líder legítimo del Estado de Venezuela, afirma que él y sus aliados intentan restablecer el Estado de derecho en una nación asolada por la hiperinflación, el hambre y la corrupción desenfrenada.
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