La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó al juez Claudio Bonadio que todos los acusados en la causa de los cuadernos de las coimas sean también imputados e investigados por lavado
de dinero. Esto incluye a Cristina Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita, que se dedicó a la recaudación de fondos ilegales que pagaban los empresarios contratistas del Estado.
El organismo antilavado, que dirigen María Eugenia Talerico y Mariano Federici, solicitó a Bonadio que junto a los delitos de asociación ilícita y cohecho, la ex Presidenta, ex funcionarios y los empresarios (sólo acusados del pago de sobornos), sean investigados por lavado de dinero. Según pudo saber Clarín de fuentes judiciales se planteó que el blanqueo consistente en las operaciones de naturaleza económica y financiera “se habrían llevado a cabo para la inserción en el mercado formal de los fondos espurios obtenidos mediante defraudaciones, cohechos y otras conductas delictivas de contenido patrimonial, cometidas por la organización criminal investigada en las citadas actuaciones”.
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El pedido de la UIF en su rol de querellante, se extiende a todas las causas que se desprenden del expediente central que entre otras cosas, derivó en cuatro ampliaciones de procesamientos contra Cristina Kirchner y reiterados pedidos de prisión preventiva.
Al momento de fundamentar el pedido, la UIF indicó que en el esquema de corrupción “desarrollado y sostenido en el tiempo por la organización ilícita” que “comandó Cristina Fernández “, sostienen que funcionó una “estructuración de maniobras jurídicas y financieras que permitieron insertar en el mercado formal o hacer circular, las millonarias sumas de dinero espurio que se generaron”.
Bajo esta misma línea, el organismo dijo que la hipótesis de lavado de activos que piden que sea investigada, se genera principalmente, bajo la premisa que “la organización ilícita conformada para sustraer los fondos públicos a partir de la concertación en las contrataciones perjudiciales” se encuentra “relacionados con el destino que le daría al dinero generado por los sobreprecios pagados por el Estado en la obra pública cartelizada”.
Al momento de determinar cómo operó este circuito, se hizo hincapié en los sobreprecios aplicados a los contratos y por ello se planteó que “deben ser investigados como hechos inescindibles del plan original de la asociación ilícita”.
Se específico en consecuencia, que los sobreprecios pagados “ingresaban al ámbito de disposición de los empresarios, para luego ser destinados al financiamiento de campañas políticas, all enriquecimiento ilícito de los funcionarios y all enriquecimiento personal de los intermediarios y empresarios involucrados en las maniobras”.
Hasta el momento, Cristina Kirchner, los ex funcionarios del Ministerio de Planificación Federal están procesados por asociación ilícita y cohecho. Mientras que más de medio centenar de empresarios se encuentran acusados por haber pagado sobornos.