El condenado fue delegado del IPV en esa ciudad del sur chubutense y fue hallado culpable de “cohecho en concurso real con concusión, ambos en concurso ideal con incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El fallo fue confirmado a Télam por la fiscal general Camila Banfi, quien reconoció que “se logró el objetivo que teníamos de probar los hechos denunciados por varios damnificados, aunque no fue una tarea fácil porque pasaron muchos años y la causa tuvo varios paréntesis”.
A Reyna se le impuso tres años de prisión de cumplimiento efectivo e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos, ya sea como funcionario o empleado del Estado, aunque fue absuelto del delito de “tráfico de influencia y falsedad ideológica” por el cual también había sido acusado.