Confirmando el mal clima político que atraviesa las relaciones en el Congreso, el blanqueo laboral que impulsa el Gobierno arrancó con el pie izquierdo en el Senado. El supuesto acompañamiento de
la CGT mostró no ser tal: los popes sindicales pegaron el faltazo sin dar explicaciones al plenario de comisiones al que habían sido especialmente invitados. Y el peronismo reafirmó que no hará nada en términos legislativos, vinculado con el mundo de los trabajadores, que no tenga el visto bueno de la CGT.
El plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión Social, y de Presupuesto, fue citado a las cuatro de la tarde pero antes de que arrancara el titular de la primera, el senador Daniel Lovera (PJ-La Pampa), quien también es secretario general de los mercantiles pampeanos y considerado una voz sindical en la Cámara Alta pareció ponerle la lápida a la iniciativa: “El contexto no es el mejor. Y esta ley tiene muchas cosas solamente a favor de las empresas”. Después se corrigió: “Son todas [a favor de las empresas] y ninguna [de los trabajadores]”.
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En el Palacio pero sin ingresar a la reunión estuvo el ministro de Producción, Dante Sica, impulsor del proyecto que terminó siendo presentado por el senador oficialista por San Juan, Roberto Basualdo.
“Veníamos con la intención de sacar dictamen, había consenso y hubo reuniones previas entre el ministro de la Producción y la CGT. Nos cuesta mucho mostrar a la sociedad que tenemos soluciones consensuadas”, lamentó el mendocino Julio Cobos.
La ausencia cegetista fue clave en el fracaso inicial. Si el Gobierno creyó que el decreto del lunes disponiendo la inyección de 13 mil millones de pesos a las obras sociales iba a aceitar las relaciones, en este tema no funcionó. El único sindicalista a la vista fue el líder de Obras Sanitarias, José Luis Lingeri, quien salió muy contento pero de otro salón enfrente donde la Comisión de Salud daba luz verde a la creación de la Agencia de Evaluación de Tecnologías (Agnet), que definiría las prestaciones que deben dar las obras sociales a través del PMO, y que busca evitar la litigiosidad actual. Lingeri aclaró que no venía por el blanqueo laboral.
El jefe de la bancada de Argentina Federal, Miguel Pichetto, resaltó que cumplieron “el compromiso de dar quórum” y que “nadie puede dejar de compartir la idea de poner a los trabajadores en blanco”. Pero pidió “dos o tres jornadas de debate” y escuchar a la CGT. Quedó la sensación de que no avanzará.
Por el sector empresario habló en solitario el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán: “Un juicio laboral no sólo termina con un puesto de trabajo, también mata a la pyme”, manifestó su apoyo al proyecto, que otorga 365 días para formalizar a los trabajadores, condona deudas a los empleadores y apunta a bajar la litigiosidad. Hubo un cortocircuito cuando Lovera sostuvo no coincidir con el empresario en que “hay alto costo laboral en la Argentina” y atribuyó los problemas de las empresas a “las macrovariables”. Díaz Beltrán aclaró que “necesitamos bajar el costo laboral, no el salarial. Que los trabajadores tengan capacidad de consumo, que de eso viven las pymes”. En el final el jefe del interbloque Cambiemos, Luis Naidenoff, pidió cuarto intermedio hasta el martes por la mañana. Ese mismo día habrá sesión para, se supone, aprobar la Ley de Financiamiento de las campañas políticas, que también viene de sucesivos fracasos por falta de acuerdo.