Una mujer de 32 años denunció que fue discriminada cuando quiso entrar en un boliche de Río Cuarto. Ocurrió en octubre del año pasado. Según el relato de la denunciante, llamada
Jimena, estaba con sus amigas y tenía la intención de ir a bailar. Pero en la puerta del lugar le prohibieron la entrada. Contó que sin siquiera preguntarle el nombre, la dejaron afuera, con el argumento de que no figuraba en la lista de invitados. Para ella la discriminaron: sus amigas ingresaron sin ningún problema.
Jimena demandó al boliche por tres millones de pesos por presunta “práctica comercial discriminatoria en el trato al consumidor”. Los acusó por “violación al trato equitativo y digno”, derecho contemplado en el artículo 42 de la Constitución Nacional y en el artículo 8 bis de la Ley 24.220 de Defensa del Consumidor.
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Karina Elena Acosta, que es su amiga y abogada, explicó en los medios locales que “el monto de la demanda no es arbitrario, en función de una fórmula que se calcula por el daño punitivo, que es una sanción penal a favor del consumidor”. Y argumentó que “la función es ejemplificadora y coactiva para que el proveedor deje de realizar prácticas abusivas y discriminatorias, como en este caso”.
La demanda cayó en manos de la jueza Carolina López, quien activó una medida cautelar ordenando un embargo preventivo por un millón de pesos en la recaudación del lugar bailable. Esto generó incidentes. Según Acosta, el dueño del lugar quiso impedir el procedimiento y ella volvió a denunciarlo por amenazas y golpes.
Los propietarios de “No lo cases a Colón” rechazaron las denuncias en su página de Facebook. Dijeron que son “falaces y maliciosas”. Y advirtieron que “los altos costos de servicios e impuestos hacen que juicios de esta naturaleza hagan peligrar la fuente de trabajo de muchas personas”. También sostuvieron que “existen procedimientos objetivo y razonables para el ingreso de personas”.
Contaron que hay una entrada gratis para conocidos e invitados. Que la denunciante quiso entrar por ese lugar y le dijeron que no figurara en esa lista. Que le indicaron que tenía que hacer otra fila. Pero que “ella se negó”. “Ningún empleado jamás le prohibió la concurrencia ni le manifestó que por su peso, ropa, o color de piel no se admitía su ingreso”, dijeron en Facebook.
También negaron haber agredido a la abogada e hicieron una denuncia penal contra la letrada y una demanda por daño moral.
DD