Buenos Aires encontró un camino para la aplicación de un recurso equiparable a la extinción de dominio, que permitiría al Estado provincial apropiarse de bienes originados por el narcotráfico y la
corrupción.
Será, de prosperar el objetivo, a partir de la regulación de la figura legal del decomiso. Para ello, la Legislatura deberá una reforma del Código Procesal Penal vigente en la provincia. La propuesta ya tenía andamiento parlamentario con una iniciativa del Frente Renovador. Esta semana el oficialismo fijó la confluencia con el massismo para unificar el proyecto, y será tratado en comisión.
El decomiso existe a nivel nacional. Como el proyecto de ley de extinción de dominio está trabado en el Congreso, María Eugenia Vidal decidió un atajo con la intención de apropiarse legalmente de los patrimonios “mal habidos” del narcotráfico y de ciertas organizaciones criminales.
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La propuesta, sobre la base argumental del FR, prevé ese decomiso “en cualquier momento del proceso penal sin la espera de sentencia”, y cuando existan evidencias vehementes de la comisión de delito.
¿Quién dispone de esos bienes enajenados a la delincuencia?. El oficialismo planteaba otorgar esa facultad exclusiva a los jueces. Los renovadores daban ese traslado a la Procuración General ante la Suprema Corte. Cambiemos concedió ese cambio, con dos agregados: la creación de una subsecretaría encargada de la capacitación de los fiscales en materia de decomiso y una normativa para determinar, según la característica del bien, el destino funcional. Es decir, se procederá de acuerdo con la naturaleza de esos bienes. También de un justiprecio anterior que establezca la conveniencia del trámite o no.
En mayo podría estar aprobada la reforma. Es una carrera contra reloj, en procura de un golpe de efecto político en materia de seguridad pública y prestación de servicio de justicia. Dos áreas de campaña de la gestión provincial. Sergio Massa también está interesado en incorporarlo al discurso electoral.
El proyecto ingresa por Diputados.
“En la lucha contra las mafias que lleva adelante Vidal también es determinante pensar herramientas que nos permitan atacar las finanzas y la infraestructura del crimen organizado”, explicó este lunes el presidente de Diputados, Manuel Mosca. El oficialismo terminó de acordar con el diputado Ramiro Gutiérrez (FR) y una delegación de legisladores en la visita a organismos de justicia de Colombia, país que ya aplica este mecanismo.
La Procuración será la encargada del avance de las investigaciones detectando inmuebles, negocios, vehículos, aviones, embarcaciones u otros patrimonios adquiridos de manera ilícita. Una vez localizados pasarían rápidamente al estado provincial para ser destinados, por ejemplo, al equipamiento de la policía judicial y la fuerza de seguridad bonaerense. También con fines sociales.
El instrumento se crea con el funcionamiento de la “Secretaría de Localización, Recuperación y Administración de Activos” procedentes de actividades delictivas.
El proyecto plantea que los bienes que se decomisen, en el marco de una investigación penal, podrán quedar en depósito judicial o transferidos a la Subsecretaría, que procederá a su conservación, administración, gestión o disposición para mantener el valor y productividad del bien. Esa dependencia actuará cuando se lo encomiende el juez o tribunal competente, a instancias del Ministerio Público Fiscal.
Prevé, además, que se lleve un registro de organismos, instituciones o entidades de bien público, autorizados para ser destinatarios de dichas entregas. En cualquier momento del proceso, el Juez podrá disponer en forma cautelar, el uso provisional del bien en las áreas mencionadas e inscriptas en un Registro.
Cuando su propietario haga expreso abandono de ellos o nadie los demande como suyos, el Estado podrá presentarse como reclamante del bien.
La legislación comparada recoge la experiencia penal española, que permite la utilización provisional de los bienes secuestrados provenientes del ilícito, con la certeza de que aquello que se encuentra inmovilizado, en deterioro por el paso del tiempo, puede y debe ser aprovechado por la comunidad o administrado por el estado en su favor.
Hace dos años, en nuestro país, un antecedente pareció sentar jurisprudencia. Fue cuando la Justicia autorizó el empleo de rodados y equipos viales propiedad de las firmas de Lázaro Báez Austral Construcciones y Kank y Costilla, que se encontraban con posibilidad de ser utilizados y sujetos a embargo en aquellas actuaciones. La experiencia se repitió con otros bienes del contratista K, como aviones y recientemente cuatro camionetas.
Mientras, la tramitación del proyecto de ley de extinción de dominio en el Congreso nacional tuvo vaivenes. En 2016 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto, pero el Senado no lo trató porque el bloque Justicialista consideró que tenía varias falencias. Entonces, el peronismo presentó su propia iniciativa. En enero, el presidente Macri firmó un controvertido decreto de necesidad y urgencia para reglamentar la figura legal, más como una señal hacia el Congreso que para utilizarla, como de hecho no ocurrió.
Por todo eso Vidal buscó camino propio. Requiere de esa herramienta para hacer campaña. Recortada la obra pública y con la economía en derrumbe, le queda “la lucha contra el narcotráfico” u otra subsidiariedad para mantener el crédito político.