Es por los supuestos delitos de espionaje ilegal en su contra y de su familia, tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos. Por Horacio Serafini
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El secretario general del sindicato de camioneros, Hugo Moyano, denunció este lunes penalmente al presidente Mauricio Macri por los supuestos delitos de espionaje ilegal en su contra y de su familia, tráfico de influencias y sustracción de caudales públicos.
La denuncia la presentó su abogado Daniel Llermanos ante el juzgado federal 2 de la ciudad bonaerense de Lomas de Zamora a cargo transitoriamente del juez Juan Carlos Augé.
La presentación está relacionada con revelaciones surgidas de la investigación que lleva adelante el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla sobre una presunta banda dedicada el espionaje ilegal y la extorsión tras la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio.
También se basó para denunciar al Presidente en las declaraciones del juez de San Isidro Luis Carzoglio quien días atrás denunció haber recibido “una visita intimidatoria de integrantes de la AFI” mientras tramitaba una de las denuncias contra Pablo Moyano. Haces unos meses Carzoglio desistió de pedir la detención del hijo del líder camionero y denunció presiones de funcionarios gubernamentales bonaerenses.
Según la denuncia, Macri, “en la convicción de que el firmante (Moyano) era un estorbo para sus planes de flexibilización laboral y de endeudamiento público de nuestro país, ha ejecutado desde junio de 2016 hasta la fecha, valiéndose de fondos del Estado y de la activa colaboración de miembros de la Agencia Federal de Inteligencia, del Ministerio de Seguridad y de periodistas, un plan criminal destinado a lograr mi desprestigio público”.
Ese supuesto plan fue “mediante reiteradas maniobras de falsificación material y/o ideológica de expedientes judiciales mediante tráfico de influencias, extorsión a personas privadas de libertad ordenando montar paralelamente políticas de confiscación del patrimonio de la Entidad Gremial que conduzco y el vaciamiento de la Obra Social”.
También requirió un resarcimiento por 100 millones de pesos.
fuente lavoz