La Sala II de la Cámara de la Seguridad Social, con los votos de los jueces Luis René Herrero y Victoria Pérez Tognola, ampliaron la medida cautelar en relación a la
restitución de las pensiones por discapacidad anuladas o suspendidas durante 2016.
Lo hicieron para evitar que una apelación por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad llevara a que la sentencia no quedara firme, “eventualidad que podría extenderse hasta la decisión final de la Corte Suprema, lo cual podría traer aparejada la afectación de los derechos constitucionales y convencionales de las personas con capacidades diferentes o inválidas que la sentencia procura garantizar”.
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Como explicó Clarín, en la causa “Asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (Redi) y otros c/Ministerio de Desarrollo Social s/amparos”, la Sala II declaró inconstitucional los artículos del decreto 432/97 que limitan el derecho a la pensión por discapacidad y de la Resolución 268/18 de la ANSeS que establece un circuito de descargo ante la suspensión y caducidad de las pensiones por vía telefónica de 10 días bajo pena de cortar el beneficio.
Al declarar inconstitucionales esas normas, “el Estado debe reintegrar las pensiones no contributivas suspendidas o dadas de baja desde el año 2016, es decir se amplía un año con relación a la sentencia de septiembre de 2018 que obligaba a devolver pensiones desde 2017. El Jefe de Gabinete de Ministros deberá fijar nuevamente la partida necesaria del presupuesto para dar cumplimiento a la sentencia”, dicen en Redi.
Se estima que en total hubo más de 50.000 suspensiones y bajas de esas pensiones.
En el fallo, los jueces señalan que el decreto 432 exige para acceder a esa prestación que la persona tenga una invalidez en su capacidad laborativa superior al 76%, no tenga bienes, recursos o ingresos que permitan su subsistencia y no tenga parientes que estén obligados legalmente a proporcionarle alimentos. Para los camaristas, una persona discapacitada no puede verse privada de su prestación ( de $ 7.287,25, equivalente al 70% del haber mínimo) porque su cónyuge goza de un beneficio previsional o asistencial (“la mayoría irrisorios y por debajo de la línea de la pobreza”), o porque tiene parientes obligados a proporcionarle alimentos, o familiares que puedan asistirlo. En este caso, agregan, la persona discapacitada “debería promover costosos procesos civiles o penales contra su cónyuge, parientes consanguíneos o afines, ascendientes o descendientes u otros familiares que podrían asistirlo remisos o insensibles frente a las obligaciones alimentarias”.
También la sentencia impugna que la persona discapacitada deba comunicarse telefónicamente al *130 para realizar el descargo so pena de suspenderse el pago del beneficio porque afecta la defensa en juicio y , además “no contempla los casos de discapacitados auditivos, invidentes o ambliopes (problemas de visión)”.
EP