A punto de cumplir tres años continuados de prisión preventiva, el “empresario” Lázaro Báez volvió a fracasar en un pedido excarcelatorio, esta vez en la Cámara Federal de Casación Penal, que
confirmó la negativa del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 (TOCF4) a liberarlo.
Los miembros de la sala IV de la Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo, sostuvieron que la defensa de Báez, ejercida por el ex titular del Servicio Penitenciario Federal (SPF) Víctor Hortel, no fundamentó debidamente las razones de su apelación.
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Borinsky y Carbajo señalaron que el TOCF4, que actualmente juzga a Báez en la causa conocida como “la ruta del dinero K”, por la que fue originalmente detenido en abril de 2016, “ha fundado los riesgos procesales que justifican el rechazo del pedido de excarcelación deducido por la defensa”.
Y añadieron que ese aspecto “no ha sido rebatido con éxito por dicha parte (en referencia a la defensa de Báez), la cual tampoco ha demostrado la existencia de un agravio federal que habilite la vía impugnativa” intentada en la Casación.
“Por lo demás, no se advierten en la presente elementos que permitan conmover lo resuelto en las intervenciones anteriores de esta Cámara Federal de Casación Penal con relación al mantenimiento de la prisión preventiva de Lázaro Antonio Báez“, concluyeron Borinsky y Carbajo.
En similares términos, Hornos habló en su voto de una “disconformidad genérica” de la defensa de Báez contra la negativa del tribunal oral a encarcelarlo que no expresó “razones concretas y fundadas” que ameriten una revisión del caso.
Báez fue detenido el 5 de abril de 2016 en el aeropuerto de San Fernando cuando llegaba a la Capital Federal desde Río Gallegos ante las dudas que generaba la falta de un plan de vuelo que no garantizara su presencia en la causa que entonces instruía el juez federal Sebastián Casanello.
El ex empleado del Banco de Santa Cruz fue luego procesado en otras causas, entre ellas la del presunto direccionamiento de la obra pública vial en esa provincia hacia sus empresas, cuyo juicio tiene fecha de inicio el 21 de mayo.
El argumento del TOCF4 para oponerse a liberar a Báez es el riesgo de que entorpezca la investigación, como ya detectó el tribunal en torno a su hijo mayor Martín, a raíz del movimiento de dinero que se sospecha de origen ilícito.
Martín Báez terminó preso como su padre y lo mismo podría ocurrir con su hermano Leandro, a raíz de maniobras con la venta de lana realizada a ocultas de los interventores judiciales designados en las empresas familiares.