Una investigación periodística reveló un insólito curso para “curar” la homosexualidad impartido por el Obispado de la diócesis de Alcalá de Henares, en la periferia de la ciudad de Madrid, lo
que motivó la intervención del propio gobierno de la capital española.
El increíble procedimiento salió a la luz luego de que un periodista del diario digital “eldiario.es” asistiera de forma infiltrada a una sesión de terapias ofrecida “para ‘curar’ la homosexualidad” en el Centro de Orientación Familiar Regina Familiae, perteneciente a la diócesis encabezada por el obispoJuan Antonio Reig Plà.
Allí, el joven -que se presentaba como alguien que buscaba “cambiar su orientación” sexual- es atendido por una supuesta terapeuta, que comienza a indagar sobre el origen de su homosexualidad. Entre las preguntas más llamativas, le consulta sobre si jugó a la ouija, si su madre perdió a algún hijo o si tenía celos de sus hermanos.
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Además, para comenzar el proceso de “reversión”, le recomienda “hacer más ejercicio, dejar de ver pornografía y acostumbrar al cerebro”.
En la entrevista, la mujer reconoce que este curso viola la ley contra la LGTBifobia, pero asegura que afronta el riesgo para dar un servicio.
“Explicarte por qué sientes lo que sientes y cómo dejar de sentirlo se considera homofobia. Yo sé que esto puede tener consecuencias. Esto es un acto LGTBfóbico cognitivo. Podrían llegar incluso a cerrarnos el centro. Estoy teniendo contigo un acto homofóbico. O sea, yo te estoy intentando ayudar. Yo sé que esto puede tener consecuencias, hasta tal punto que yo podría ir a la cárcel”, dice en el audio grabado y difundido por el medio español.
El Obispado negó este martes la existencia de esos cursos, aunque admitió que “no renuncia a acoger y acompañar a las personas que libremente lo solicitan”.
Por su lado, el vicepresidente regional de Madrid, Pedro Rollán, anunció que se investigará este caso tras haber conocido la presentación las denuncias al respecto de un diputado de la formación de izquierda Podemos y de la asociación LGBT Arcópoli.
“Si como resultado se determina que se ha incurrido en algún tipo de incumplimiento en base a la Ley contra la LGTBifobia, se aplicará la sanción (correspondiente)”, dijo.
El artículo 70.4 c de esa Ley establece como infracción muy grave “la promoción y realización de terapias de aversión o conversión con la finalidad de modificar la orientación sexual o identidad de género de una persona”.
“Para la comisión de esta infracción será irrelevante el consentimiento prestado por la persona sometida a tales terapias”, añade el texto legal que establece una sanción económica de entre 20.000 y 45.000 euros en esos casos.