A pocos días de cumplir tres años en prisión, el fiscal ante el Tribunal Oral Federal 4, Abel Córdoba, solicitó que Lázaro Báez continúe en prisión. Cumplido el plazo máximo que
establece la ley penal para la prisión preventiva, el TOF 4 decidió el año pasado prorrogar por un año más la detención, plazo que vence este viernes.
El socio comercial de Cristina Kirchner cumplirá esta semana tres años en prisión, después que el 5 de abril de 2016 el juez Sebastián Casanello ordenó su detención en el marco de la causa en la que se encuentra tres veces procesado por lavado de activos.
Cuando el TOF 4 decidió que el empresario K continúe en el penal de Ezeiza, los jueces se refirieron a una “causa compleja”, y se tuvieron en cuenta los vínculos económicos e influencias que continuaba teniendo Báez.
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Ahora, el fiscal Abel Córdoba no sólo recordó que se encuentra en pleno desarrollo el juicio por “la ruta del dinero K”, sino que también advirtió que el dueño del Grupo Austral cuenta con otros proceso judiciales en curso y que en breve darán inicio a sus respectivos juicios.
Ahora, el representante del ministerio Público Fiscal indicó en su dictamen que aún persiste el “riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga” por parte de Lázaro Báez y que por ello, hasta que finalice el juicio de “la ruta del dinero K”, “debe continuar detenido”.
Para argumentar su planteo, señaló que se detectaron recientemente irregularidades en la intervención de la empresa Austral Agro S.A, dedicada a la administración de los campos. Con esta empresa se intentó vender ganado pese a la inhibición judicial, y se detectaron movimientos de fondos irregulares.
Según explicó el fiscal Córdoba, la interventora nombrada por la Justicia en Austral Agro, “dio cuenta de diversas situaciones que revelan que al día de hoy el imputado y su grupo familiar poseen aún influencia comercial, bancaria y judicial en Santa Cruz para sortear las medidas cautelares que se les imponen”.
En la misma línea argumental, se indicó que el grupo familiar “ha logrado que se le emitan autorizaciones judiciales para emitir guías para la venta de ganado, las entidades bancarias deliberadamente boicotean el trabajo de la interventora y las empresas comercialmente vinculadas retacean constantemente información y colaboración”, sostuvo Córdoba en su dictamen.
Por ello, sostuvo el fiscal, que la situación judicial del empresario K “es más grave que un año atrás, lo que debe ser leído como indiciario de peligro de fuga en relación a la amenaza seria y grave de recibir múltiples condenas por delitos diversos durante los próximos meses”.
Hace pocos meses, Martín Báez -el mayor de los hijos varones del empresario-, quedó detenido por violar las medidas cautelares ya que se movieron cerca de 5 millones de dólares de cuentas en Bahamas vinculadas a su padre y a sus hermanos. Esto fue planteado como un riesgo de entorpecimiento de la causa.
También se recordó que Lázaro Báez sumó otra causa elevada juicio oral; Los Sauces, donde está procesado junto a Cristina Kirchner por asociación ilícita y lavado de dinero. De hecho, el 21 de mayo enfrentará por primera vez un juicio por corrupción junto a la ex Presidenta. Se trata de la causa sobre el direccionamiento de la obra pública a favor de su conglomerado empresarial.
Lázaro Báez fue detenido por el juez Sebastián Casanello hace tres años, cuando el avión en el que viajaba desde Río Gallegos aterrizó en el aeropuerto de San Fernando. En su momento el magistrado sostuvo su orden de detención señalando que la nave no había presentado su plan de vuelo y eso podía implicar un plan de escape. Pero con el correr de los meses, ya desde la cárcel, el empresario K cometió diversas acciones tendientes a violar las medidas cautelar impuestas.
En este expediente que llevaron adelante el juez Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan, se acusó a Báez, a sus cuatro hijos (Luciana, Martín, Leandro y Melina), a Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, Leonardo Fariña, Federico Elaskar, Fabián Rossi, entre otros, por “integrar una banda dedicada a lavar dinero entre 2010 y 2013 agravado por la habitualidad”. La cabeza de todo, según la justicia, era el empresario K.
Según contabilizó el juzgado, hubo maniobras de lavado por 60 millones de dólares, y esto derivo en embargos de 600 millones de dólares para cada uno de los principales imputados.
La medida cautelar incluyó, por la misma cifra, a Austral Construcciones y otro conjunto de empresas que intervinieron en la maniobra de lavado de activos que asciende a 60 millones de dólares entre 2010 y 2013. Sin descartar que su patrimonio se incrementó sustancialmente entre 2010 y 2013: hoy suma más de 420 propiedades por un valor que asciende a los 2.547 millones de pesos.