El 29 de marzo de 2017 el salón Illia del Congreso de la Nación hizo ruido. Estaban allí madres y padres que ya usaban derivados del cannabis para aliviar las patologías
de sus hijos, y titulares de organizaciones civiles que desde hace años orientan a quienes apelan a esas terapias para vivir mejor, y médicos que investigan los usos medicinales de la planta y que acompañan a sus pacientes en sus tratamientos.
Gritaron y lloraron y corrieron las sillas para abrazarse justo cuando desde el recinto llegaron las noticias: el Senado le daba, de manera unánime, la media sanción que faltaba para convertir en ley la investigación del uso medicinal del cannabis y la producción necesaria. Algo de todo lo que hasta este momento hacían conminados a la clandestinidad para lograr una calidad de vida superior -pensaban en ese momento- empezaría a facilitarse si el Estado aportaba recursos.
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La reglamentación de esa ley fue en septiembre de ese año y parcial. El Estado acotó la investigación y producción de cannabis medicinal para personas diagnosticadas con epilepsia refractaria, aunque los derivados de la planta se usen para tratar cáncer, dolor crónico, fibromialgia, Alzheimer, Parkinson y trastorno del espectro autista, entre otras patologías.
En mayo de 2018, ante la consulta de Clarín, desde la ONG especializada Mamá Cultiva confirmaron que sólo el 2% de quienes se acercaban a la institución lo hacían por epilepsia refractaria. La mayoría de los usuarios de cannabis medicinal dependían -y aún dependen- del autocultivo o el cultivo solidario, que permanecen conminados a la ilegalidad.
En octubre de 2018 desde el Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados y Tratamientos No Convencionales, que creó la ley y que depende de la Secretaría de Salud, confirmaron que aún no había empezado ninguno de los ensayos clínicos previstos. Aunque estaba previsto que se asignara un predio del INTA en Castelar para la investigación de los usos de la planta, eso aún no fue puesto en marcha.
A fines del año pasado Clarín dio cuenta de que el presupuesto asignado por el Estado a la investigación y producción de cannabis medicinal no alcanzaba los 1.000 pesos por día. En los últimos días de octubre se puso en marcha el primer ensayo clínico bajo responsabilidad del Estado, en el Hospital Garrahan. Sus responsables afirmaron que, de manera paulatina, abarcaría a unos cien pacientes: todos están diagnosticados con epilepsia refractaria. Otras patologías siguen impedidas de ser tratadas con cannabis bajo la órbita legal.
En febrero de este año el Ministerio de Seguridad de la Nación autorizó el primer centro destinado a cultivar e investigar el uso medicinal del cannabis. Fue ante la solicitud del gobierno provincial de Jujuy, que prevé llevar a cabo esta tarea en una finca cercana a la localidad de Perico. Lo haría -una vez que intervengan también la Secretaría de Salud, el INTA, el Instituto de Semillas (INASE), el SENASA, la Aduana y la AFIP- en asociación con una empresa privada de Estados Unidos que aportaría recursos económicos.
La aprobación de la ley de investigación y producción de cannabis medicinal animó a muchas personas a apelar a ese recurso para sus tratamientos. Se multiplican las consultas a los médicos y a las organizaciones especializadas. Pero los recursos legales disponibles están frenados: esos pacientes dependen del autocultivo, el cultivo solidario o los productos derivados que compran sin conocer su procedencia.