La Cámara Federal penal porteña confirmó la ampliación del procesamiento del ex titular de Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales (AFSCA) Martín Sabbatella por la presunta comisión de delito en
el otorgamiento de subsidios durante su gestión al frente del organismo durante el último gobierno kirchnerista, según dijeron este jueves fuentes judiciales.
La medida había sido dispuesta el año pasado por el juez federal Luis Rodríguez y fue confirmada esta semana por unanimidad por los tres miembros de la sala I del tribunal de apelaciones, Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Los jueces también ratificaron el procesamiento de Andrea Conde, ex directora de Proyectos Especiales del organismo.
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Ambos ex funcionarios ya se encontraban procesados por la presunta comisión del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por otros subsidios irregulares en el AFSCA y con un embargo sobre sus bienes por 10 millones de pesos que ahora sumará otro 1,5 millón por un nuevo hecho.
En este caso se trata de dos subsidios otorgados a la Asociación de Prensa de Tucumán por 1,3 millón de pesos y 669.297 pesos, aunque lo efectivamente abonado fueron 975.000 y 501.973 pesos, según las constancias reunidas en la causa y reseñadas en una resolución a la que Clarín tuvo acceso de fuentes judiciales.
De acuerdo con los camaristas, la decisión del juez Rodríguez de ampliar los procesamientos de Sabbatella y Conde fue “acertada” por cuanto la Asociación de Prensa de Tucumán “no cumplía con los requisitos concursales básicos para la concesión de tales beneficios, a pesar de lo cual resultó ganadora en sendas líneas de fomento”.
La Cámara ya había confirmado los procesamientos que el juez Rodríguez había dictado originalmente respecto de ambos ex funcionarios en julio de 2017 por los subsidios otorgados al Foro Argentino de Radios Comunitarias, la Asociación Civil Cine en Movimiento de Morón, la Cooperativa de Trabajo Activa Limitada y la Asociación Civil Nueva Tierra para la Promoción Social y Pastoral por un total de unos 10 millones de pesos.
En su última resolución, los camaristas recomendaron al juez instructor reunir nuevas pruebas para determinar si el mismo mecanismo irregular en la concesión de los subsidios se dio también con la Cooperativa de Trabajo Construcción y Progreso Ltda. de Formosa y otras entidades señaladas en un informe de la Sindicatura General de la Nación (SiGeN).