“Yo respeto el fallo de la Corte”, arrancó Mauricio Macri la respuesta sobre la inconstitucionalidad del cobro del Impuesto a las Ganancias a jubilaciones y pensiones. Después de la
aclaración, el Presidente avanzó para dejar en claro su malestar por otra decisión incómoda para su administración, con un costo fiscal compartido con las provincias y calculado en unos $6.000 millones anuales.
“Quiero que se entienda que cuando se habla de un fallo en contra del Gobierno es porque afecta el presupuesto, que es de todos los argentinos. Es un elemento central en la estabilidad de esta Argentina que estamos construyendo. Tenemos que entender qué responsabilidad tenemos cada uno a la hora de cuidar esa estabilidad”, dijo Macri durante la entrevista con Radio Mitre Córdoba.
Ante la repregunta con la afirmación de que la Corte “viene recortando el Presupuesto con sus fallos”, el Presidente hizo unos segundos de silencio y aseguró tajante: “Se entendió entonces”. De ese modo Macri cuestionó el pronunciamiento, algo que no había hecho ningún otro funcionario hasta ese momento.
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El fallo estuvo sostenido en la llamada mayoría peronista compuesta por Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda -en este caso también con el voto de Elena Highton-, y se sumó a una serie adversa para el Poder Ejecutivo en términos económicos: en diciembre había definido que los haberes de un grupo de jubilados (11.766 habían reclamado judicialmente) pasaran a ser indexados por el ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción) en lugar de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), elegida por el Gobierno y que era menor. Nicolas Dujovne -ministro de Hacienda- calculó en ese momento el costo fiscal en $700 millones.
También generó impacto el fallo a favor de San Luis por un resarcimiento de $15 mil millones por descuentos indebidos de coparticipación para financiar a la ANSeS y a la AFIP. En las próximas semanas la Corte podría decidir sobre la misma cuestión en el caso de Santa Fe (serían $45 mil millones de indemnización) y si acepta un pedido para extender los beneficios de lo que se conoció como el Caso Badaro, un fuerte reajuste de haberes sobre el período 2002-2006.
El reacomodamiento de poder desde que Carlos Rosenkrantz desplazó de la presidencia del Tribunal a Lorenzetti generó inquietud en la Casa Rosada. “Es cada vez más evidente que hay un problema. Rosatti quería ser presidente de la Corte, Lorenzetti no aceptó haber perdido poder y se juntan para hacer daño”, evaluó un alto funcionario en privado horas después del fallo, con algo de autocrítica y a la vez un palo para Elisa Carrió: “Rosatti es un error nuestro, lo recomendó Carrió”.
Un integrante de la mesa judicial del macrismo se lo tomaba con más calma, aunque también expresó su inquietud: “Tiene que haber más inteligencia, la Corte no es Boca o River, no pueden fallar según si son peronistas o por lo que fuera y no conforme a derecho. Si es así dejaron de ser jueces”.