La Oficina Anticorrupción (OA), en representación del Gobierno, solicitó ante el Tribunal Oral Federal 8 (TOF 8) que los juicios en los que se encuentra acusada Florencia Kirchner, junto a su
madre Cristina y su hermano Máximo, se realicen de forma conjunta. Se trata de la causa Hotesur (empresa hotelera) y Los Sauces SA (inmobiliaria), ambas firmas investigadas por presunto lavado de dinero.
El mismo pedido también había sido realizado por algunos de los procesados, como Martín Báez, hijo de Lázaro y quien está preso como su padre. Los dos expedientes ya fueron elevados a juicio, pero se encuentran en tribunales diferentes y aún sin fecha de comienzo confirmada.
Así, mientras el Tribunal Oral Federal 5 (TOF 5), que lleva el caso Los Sauces, le ordenó a Florencia Kirchner que regrese de Cuba a la Argentina como máximo el 4 de abril, en los Tribunales de Comodoro Py inicia otra discusión: si la familia Kirchner enfrentará un único juicio por los negocios con sus empresas que fueron investigadas por lavado de dinero. ¿El argumento de la OA para hacer el pedido? Economía de tiempos y de dinero para llevar ambos procesos.
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En la causa Los Sauces SA (que lleva el TOF 5), Cristina y sus hijos están procesados por los delitos de “asociación ilícita” y “lavado de dinero”. En la instrucción se probó, para la Justicia, que la inmobiliaria que tuvo como principales inquilinos a Lázaro Báez y Cristóbal López era usada como pantalla para canalizar dinero de coimas; plata que volvía a la familia presidencial luego de haber sido entregada a los empresarios en contratos de obra pública. En tanto, en el expediente Hotesur SA, firma dueña del hotel Alto Calafate (TOF 8), se encuentran acusados por operaciones de blanqueo por $ 80 millones entre 2008 y 2013.
Respecto al pedido de unificación de la OA que conduce Laura Alonso, en el escrito al que accedió se sostiene que los objetos investigados en cada una de las causas, “deben ser entendidos como segmentos de una misma maniobra global y que, por tal motivo, la tramitación conjunta –en este caso– sí propenderá a garantizar mayor celeridad, economía procesal y resguardo de los derechos de los encausados”.
Si bien se planteó que ambas causas pueden referir a operaciones diferencias, ocurridas en distintas fechas, por distintos montos y en beneficio de distintas empresas, para la OA “es innegable que exhiben una modalidad delictiva idéntica, que vincula a muchos protagonistas en común y que se subsumen, por igual, en el delito de lavado de activos”.
Por eso desde el organismo del Gobierno, señalaron que el juzgamiento conjunto de todas esas maniobras “permitirá un acabado conocimiento de toda la secuencia fáctica, lo que redundará, sin dudas, en una mejor administración de justicia”.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín, que en ambos tribunales se está analizando la posibilidad de unificar los expedientes, al comprender que “la mayoría de los imputados se reiteran y son maniobras similares sólo que se modifica la empresa utilizada”.
¿Qué se investigó en casa expediente?
En Los Sauces una de las primeras empresas constituidas por Néstor y Cristina Kirchner, la Justicia determinó que no se trató de una compañía con fines comerciales, sino una “pantalla” para blanquear fondos. Máximo Kirchner, director y dueño del 32,5% de las acciones, quedó señalado por el juez Claudio Bonadio como responsable de realizar muchas de las operaciones “sin documental correspondiente” y junto a sus padres, crear la compañía para “canalizar dinero ilegítimo”.
En este entramado societario, el juez consideró que Florencia Kirchner (con el 22,5% de las acciones) cumplió un “rol preponderante” tras el fallecimiento de su padre, cuando ingresó a la firma, con “poder decisión” en la empresa. Sin embargo, Bonadio remarcó que “no se sabe cuáles son sus tareas, como miembro del directorio o empleada, ni por qué cobra un sueldo como empleada cuando claramente no desempeña labores para la sociedad”. En 17 meses ganó más de un millón de pesos como gerente.
La Justicia consideró que Los Sauces, nunca tuvo la intención de funcionar comercialmente, sino dedicarse “al cobro de retornos”.
En el caso de Hotesur, el juez Julián Ercolini sostuvo que los ex presidentes y sus hijos recibieron dinero “a través del negocio hotelero bajo cierta apariencia de legitimidad”, lo que les aseguraba poder declarar esos fondos ante el organismo anticorrupción y ante el fisco “ocultando su verdadero origen” ilícito. Estas transferencias incluyen los 4,6 millones de dólares que la hija de Cristina Kirchner tenía en el Banco Galicia, embargados hace dos años.
EP