No hay gritos ni acusaciones, pero la tensión entre el juez federal de Dolores y el jefe de los fiscales nacionales, Eduardo Casal, volvió a escalar tras la declaración de rebeldía
respecto al investigador del caso de los cuadernos de las coimas, imputado por Alejo Ramos Padilla como supuesto integrante de una red de extorsión y espionaje ilegal descubierta a través del logorréico falso abogado Marcelo D’Alessio.
Tras su tercer faltazo a la indagatoria citada por el juez de Dolores, este miércoles Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía por Ramos Padilla, quien en su resolución admite que los fueros del fiscal porteño le impiden llevarlo a su juzgado por la fuerza, y le pide al procurador general de la Nación que “adopte las medidas necesarias para garantizar su comparecencia”, tal como en febrero le había solicitado dos veces que “inicie una investigación” contra Stornelli en base a las acusaciones que él mismo elucubraba en su despacho.
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Finalmente, y como ocurrió en otros casos -el del fiscal federal Federico Delgado y el titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas Sergio Rodríguez, por ejemplo-, cuando Ramos Padilla imputó formalmente a Stornelli, esa investigación disciplinaria se inició de oficio. Aunque ese sumario es secreto, Clarín pudo saber que el fiscal ya incorporó varias fojas con sus explicaciones, y que declararon varios de los empleados de su fiscalía que podrían haber tenido contacto o presenciado los supuestos intercambios de Stornelli con D’Alessio.
También se habrían realizado planimetrías y estudios técnicos sobre la distribución espacial de las oficinas del fiscal del caso de los cuadernos, para chequear las distancias y veracidad de algunas fotos que el falso abogado atribuye haberse sacado en la fiscalía. Además, se pidieron y recibieron copias de los expedientes judiciales en los que según Ramos Padilla apareció D’Alessio con sus extorsiones, a las que un tanto difusamente vincula al fiscal Stornelli. Algunas de estas causas se tramitan en Comodoro Py, otras en el fuero Penal Económico -como la de la mafia de los contenedores- y otra en el juzgado federal de Lomas de Zamora.
Pero hay un expediente al que los investigadores de la Procuración no pudieron acceder. Es precisamente el que conduce Ramos Padilla y en el que se acusa a Stornelli. “Ya lo pedimos varias veces, él es el acusador, y nosotros debemos evaluar las pruebas en contra del fiscal para reunirlas con otras y poder determinar si Stornelli merece o no algún tipo de sanción”, cavilaban en el organismo que conduce a los fiscales, con no poca sorpresa. De hecho, la notificación de la “rebeldía” del fiscal llegó a la Procuración varias horas después de haber sido publicada por los diarios.
Casal tiene otro frente que atender: el de su subordinado Juan Pablo Curi, fiscal federal de Dolores que viene reclamando de todos los modos posibles que en el caso D’Alessio Ramos Padilla atropella sus atribuciones como acusador, toma medidas que nunca le pidió ni le comunica una vez realizadas, y tampoco se tomó la molestia de responder a su dictamen de incompetencia del caso, pues considera que su jurisdicción natural es la Capital Federal y no aquella ciudad bonaerense.
Semejante reticencia -o descuido, o desprolijidad- contrasta con la locuacidad que Ramos Padilla mostró ante la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, conducida por el ultrakirchnerista Leopoldo Moreau y donde el juez ventiló hipótesis y supuestas pruebas, escuchas, audios, fotografías y otros documentos que según el código procesal deberían quedar reservados a la inspección de las partes de la causa.
Los argumentos jurídicos no alcanzan para explicar algunas de las conductas del juez de Dolores ni las del fiscal porteño investigado por él. La existencia de una supuesta red de espionaje ilegal es mucho más grave en términos públicos que la original acusación contra D’Alessio como un extorsionador de empresarios con problemas judiciales. La rebaja de ese inquietante descubrimiento al subsuelo de las mezquindades ideológicas o partidarias es una tentación de la que deberían abstenerse los protagonistas de la investigación. O revertirla.