En el Gobierno relativizaron el impacto del fallo de la Corte Suprema de este martes, que exime del pago de Ganancias los jubilados. La sentencia del Máximo Tribunal, si
bien es sobre un caso puntual, sienta jurisprudencia sobre un reclamo de larga data y representa otro golpe desde la cima del Poder Judicial al Ejecutivo, acaso el detalle más preocupante para la Casa Rosada.
En el Gobierno defendieron la posición oficial de oponerse al reclamo, si bien remarcaron que el único camino es acatar el fallo. Destacan que el pago de Ganancias de los jubilados está establecido por la ley que regula el impuesto. La misma -insisten en Hacienda, Interior y en la ANSeS- establece que quienes reciben más de seis jubilaciones mínimas -$62.460- deben pagar el impuesto.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
Según las fuentes consultadas por Clarín, el tema no fue abordado durante la breve reunión de Gabinete que Mauricio Macri encabezó este martes en Balcarce 50. Dato: el ministro de Justicia Germán Garavano no participó de la misma.
En la Casa Rosada se apuraron en minimizar el costo fiscal que tendrá la medida y señalaron que el fallo representará una carga mayor para las provincias. “El impacto es marginal para la Nación”, sostuvieron. Insistieron en que no pondrán en peligro las metas presupuestarias comprometidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI).
En un brief con respuestas sobre el tema, que los voceros oficiales rápidamente distribuyeron, destacaron que sólo el 2% de los jubilados de ANSeS gana más de 6 jubilaciones mínimas. Son “apenas” 150 mil personas. En medios judiciales y previsionales se habla de un universo total de 300.000 afectados.
En 2018, la ANSeS “retuvo” $ 5.748 millones a jubilados por ese concepto. Las cajas provinciales se resentirán a la par y deberán resignar el cincuenta por ciento, dado que el impuesto a las Ganancias es coparticipable.
Además del reclamo particular de María Isabel García que resolvió este martes la Corte (con cuatro votos a favor y uno en contra), habría otros 2.000 en la Justicia que, más temprano que tarde, se definirá a favor de los demandantes. La duda es si el Congreso tomará -y cuándo- el pedido del Máximo Tribunal para dejar fijada la exención por ley. Si esto no ocurre, el resto de los jubilados y pensionados que paga Ganancias deberán iniciar juicio para cobrar.
Se trata del segundo fallo adverso del máximo Tribunal en materia previsional en menos de tres meses. El 18 de diciembre la Corte definió que los haberes de un grupo de jubilados (cerca de 12.000 habían reclamado judicialmente), pasaran a ser indexados por el ISBIC (Indice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción) en lugar del de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), el elegido por el el Gobierno y que era menor. El ministro de Hacienda, Nicolas Dujovne, señaló entonces que el fallo -cuyo costo fiscal calculó en $ 700 millones- no se extendería a otros 150 mil jubilados que no habían iniciado juicio.
Para los próximos meses se espera una tercera decisión para el sector pasivo: queda pendiente aún si la Corte acepta un pedido para extender los beneficios de los que se conoció como “Caso Badaro”, que estableció un fuerte reajuste de haberes para el período 2002-2006.
En septiembre pasado, la Casa Rosada había celebrado el cambio en la cabeza de la Corte Suprema, cuando se decidió que Carlos Rosenkrantz reemplazara a Ricardo Lorenzetti. Sin embargo, desde entonces, un reordenamiento interno de poder dejó aislado a Rosenkrantz (uno de los jueces propuestos por Mauricio Macri, además de Horacio Rosatti) y comenzaron a salir fallos que incomodan al Gobierno. El de los jubilados y Ganancias es el último de ellos.
EP