Cinco políticos presos por escándalos de corrupción vinculados al Lava Jato juraron ayer en Brasil como diputados de la Asamblea Legislativa del Estado de Río (Alerj), en una decisión inédita. Cuatro
de ellos lo hicieron en la cárcel Bangu 8, donde están detenidos, mientras que otro lo hizo en su casa, donde cumple arresto domiciliario.
Según informó el diario Estadão, se trata de André Corrêa (DEM) , Luiz Martins (PDT) , Marcos Abraham (Avante) , Marcus Vinicius Neskau (PTB) y Chiquinho da Mangueira (PSC), que fueron detenidos en noviembre de 2018, la Operación Furna da Onça (desprendimiento del Lava Jato), acusados de participar en un esquema de corrupción en la Asamblea legislativa de Río.
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Ayer, tras la autorización de la Cámara, una comisión compuesta por un fiscal, un experto legislativo y dos diputados fueron a la prisión para el juramento.
Según el reglamento, los electos tenían 30 días de plazo para asumir en su cargo a partir del 1 de febrero, cuando se iniciaron las sesiones. Tenían una prórroga de 30 días más (es decir 60), de lo contrario perderían su mandato.
Sin embargo, se modificó la normativa y los presos pudieron asumir. Eso no quiere decir que hayan entrado en funciones, ya que su lugar será tomado por suplentes. Esto se definió así para que, si a lo largo de los cuatro años que dura el mandato los diputados presos recuperan la libertad, puedan reasumir en su banca.
Otro dato: mientras estén encarcelados, no pueden ni cobrar sueldo ni nombrar a personas en sus despachos. Eso le corresponde a sus suplente, que serán llamado a tomar posesión del cargo en las próximas horas.
A través de un comunicado, la Asamblea de Rio informó que “la decisión (para introducir a los cinco presos) fue tomada para cumplir con el Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF-2) , el cual determina la responsabilidad Alerj para introducir a los elegidos y también para asegurar el cumplimiento de la Constitución Federal, que fija la cantidad de 70 diputados para el pleno funcionamiento de la Casa legislativa”.
El expresidente brasileño Michel Temer quedo preso ayer por un escándalo de corrupción vinculado al Lava Jato. (EFE)
“Los diputados no podrán constituir gabinete ni recibir salarios, la medida se mantendrá mientras siga en vigor la decisión del TRF-2, que determinó la detención cautelar y el alejamiento de las funciones públicas, preservando a los electos el derecho de posesión en caso de absolución. En 48 horas, la Casa convocará a los suplentes “, agregan.
Tras la jura de los cinco presos, la legislatura de Rio se conformó casi por completo, con 69 representantes. Resta la asunción del diputado número 70, Anderson Alexandre (SD), que también fue arrestado en noviembre, acusado de participar en un esquema de soborno en Silva Jardim, municipio de la región montañosa de Río, en la que fue alcalde. Su caso aún no fue definido.
Brasil vive horas convulsionadas tras la detención de Michel Temer, el último presidente que fue sucedido en el poder por Jair Bolsonaro ayer, salpicado en otro caso vinculado al Lava Jato. Sin embargo, eso no impidió que detenidos por corrupción como él asumieran en sus bancas.
Los cinco “dipu-presos” fueron detenido en la operación bautizada como “Furna da Onça” en alusión a una de las salas de reunión de la Asamblea Legislativa de Río, es una secuencia de “Cadeia Velha” (Cadena Vieja), por la que tiempo atrás se arrestó al entonces presidente de la Cámara regional, Jorge Picciani.
Las dos operaciones están vinculadas a la “Lava Jato”, la investigación que destapó la mayor trama de corrupción en la historia de Brasil por la implicación de decenas de políticos y empresarios a desvíos en la petrolera estatal Petrobras.
“Furna da Onça” consistía en la compra de votos de los diputados, el lavado de dinero y la distribución indebida de cargos, acciones todas iniciadas en 2007, en el primer mandato del exgobernador Sergio Cabral, preso y condenado en varios procesos.
El procurador general de la República en Río de Janeiro, Carlos Aguiar, definió a la maniobra como una “relación absolutamente promiscua” en la que había “un pago reiterado de sobornos para que esos diputados actuasen de acuerdo con el interés, ya no del gobierno, si no de la organización criminal”.
En el proceso se distribuían entre 20.000 y 100.000 reales (entre unos 5.369 y 26.798 dólares) a cada parlamentario mensualmente. “Son personas que se valieron de sus cargos para perpetuar sus intereses. Además hay un esquema que entrega de cargos públicos como moneda de cambio, no solo pagos”, añadió Aguiar.
Fuente: Estadão y EFE