El epicentro del terremoto político que castiga a América Latina desde hace años se localizó en un inicio en una estación de servicio en Brasilia, a unos pocos kilómetros del Palacio
presidencial de Planalto y de la sede del Congreso en Brasil.
En esa estación de servicio que incluía un lavadero de autos (“Lava Jato”, en portugués), los investigadores de la Policía Federal brasileña descubrieron una red de lavado de dinero que parecía implicar a diversos políticos. Pero la verdadera dimensión de la operación, que acaba de cumplir cinco años (comenzó el 17 de marzo de 2014), fue saliendo a la luz de a cuentagotas en los meses posteriores.
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El caso “Lava Jato” es considerado hoy como la mayor operación anticorrupción en la historia de Brasil y ha cambiado profundamente al gigante sudamericano, hasta hace unos años una de las potencias emergentes globales.
La operación, que empezó investigando una trama corrupta en la petrolera estatal brasileña Petrobras, salpica además a varios de países de la región, donde ya produjo fuertes cimbronazos políticos en países como Colombia y, sobre todo, Perú, donde varios ex presidentes están acusados.
En Brasil, el escándalo sigue sacudiendo los cimientos de las élites políticas y económicas de un país en crisis permanente. El “Lava Jato” hizo “un retrato de una corrupción que tiene raíces profundas en nuestra historia”, explicaba en 2017 Deltan Dallagnol, uno de los fiscales a cargo.
Entre los Implicados figuran poderosos empresarios como el ex CEO de la constructora Odebrecht, Marcelo Odebrecht, o el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el acusado más famoso, preso en Curitiba desde hace casi un año.
Lula, un ícono de la izquierda por el éxito de sus dos mandatos entre 2003 y 2010, fue condenado en segunda instancia, en abril del año pasado, a más de 12 años de prisión por haber recibido un lujoso departamento en la localidad balnearia de Guarujá, en San Pablo, como soborno por haber favorecido a una constructora en obras públicas, según consideraron los jueces.
Además del ex presidente conservador Michel Temer, detenido este jueves en San Pablo, también son investigados decenas de diputados, ex gobernadores y funcionarios.
Según las investigaciones, el esquema corrupto funcionaba sobre todo en torno a Petrobras, situada en el centro del “boom” económico brasileño de la década pasada por los altos precios del petróleo. Numerosas empresas privadas sobornaban sistemáticamente a funcionarios y políticos para asegurarse contratos con el gigante estatal.
Ese modus operandi, descubrieron luego los investigadores, se extendía a otros sectores como los de la construcción o la alimentación, donde el empresariado brasileño expandía sus negocios en gran parte gracias al contubernio con la clase política.