Después de sucesivas postergaciones, el Gobierno decidió enviar el proyecto de reforma del Código Penal al Congreso. Se trata de uno los objetivos que se había fijado Mauricio Macri durante su
gestión, aunque en la Casa Rosada admiten que difícilmente será convertido en ley este año. Aún así al oficialismo le servirá para fogonear el debate de los aspectos de la iniciativa vinculados a la seguridad, un tema que busca ubicar durante la campaña por encima de la discusión por la economía.
La reforma estaba prácticamente lista en agosto, con el anteproyecto elaborado por una comisión encabezada por el camarista Mariano Borinsky. Pero el rechazo en el Senado a la legalización del aborto hizo que se postergara primero hasta fin de año y luego hasta marzo. En un primer momento el Gobierno evaluó subirse a la llamada ola verde que había generado ese debate y un sector impulsó la eliminación de la pena para las mujeres del Código. Germán Garavano -ministro de Justicia- empujaba esa posición. También Patricia Bullrich, titular de Seguridad, la otra cartera que trabajó la reforma. Pero el tratamiento de la despenalización del aborto había provocado una grieta dentro del bloque de Cambiemos y Macri decidió esperar.
Hasta hoy. En la reunión de Gabinete el Presidente avaló el envío del nuevo Código Penal al Congreso, lo que se concretará dentro de los próximos quince días según confirmó uno de los presentes. “Depende un tema técnico. Es un libro el que se eleva y hay que revisar y hacer correcciones de estilo y forma. Podemos tardar unos días o una semana”, dijo a Clarín un ministro, y aseguró que en lo conceptual no habrá modificaciones a lo dispuesto por la comisión: “Va a quedar todo como estaba”.
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De esa manera, como contó este diario, el Ejecutivo finalmente mantendrá el texto con la condena de uno a tres años de prisión -podrá ser eximida por el juez- para la mujer que aborte, tal como había redactado la comisión, para no potenciar las internas en Cambiemos y evitar fugas de votos en el año electoral. También para no centrar la discusión de la reforma en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo sino en los cambios vinculados a la seguridad y la lucha contra el narcotráfico. “No queremos que sea lo principal. Ya se discutió y ahora la composición del Congreso es la misma que lo rechazó el año pasado”, había adelantado un alto funcionario.
El Gobierno buscará iniciar el tratamiento en las próximas semanas enfocado en las modificaciones en seguridad y control de la calle. Entre los cambios aparece la restricción de la libertad condicional, el aumento de las escales penales en delitos de narcotráfico, corrupción, tenencia y portación de armas, cortes de calles, agresiones en las manifestaciones e inmigrantes que usen documentación falsa o incumplan la prohibición de reingreso al país.