El 10 de junio el cuerpo de peritos de la Corte Suprema de Justicia entregará al Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) el informe sobre cinco obras de las 52 que
fueron adjudicadas al Grupo Báez en Santa Cruz, para utilizarlas como “casos testigo” de las irregularidades cometidas y los sobrecostos que se detectaron en ellas.
Este peritaje -aunque mucho más amplio- había sido requerido por Cristina Kirchner, quien quería una auditoría sobre toda la obra pública durante los doce años y medio de gobierno de ella y su esposo. El Tribunal se circunscribió a cinco casos testigos de obras viales.
Entre 2004 y 2015, Lázaro Báez incrementó sus bienes en un 12.127 %. El patrimonio de Austral Construcciones -su firma insignia- tuvo un crecimiento de 45.313%, según un informe judicial que se encuentra en el Tribunal y que es parte de la causa que investigó la corrupción en la obra pública vial en Santa Cruz y por la que el contratista K fue procesado por asociación ilícita junto a Cristina Kirchner.
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Junto con las medidas patrimoniales tomadas sobre los bienes de Báez, la Justicia inició el año pasado un peritaje clave para el juicio que según lo previsto iniciará el 21 de mayo, el primero que llevará a la senadora de Unidad Ciudadana al banquillo de los acusados junto a quien manejó los negocios hoteleros de la familia Kirchner, su principal inquilino en Los Sauces y el principal beneficiado con las licitaciones viales durante el gobierno kirchnerista.
La medida fue solicitada por Cristina en el período de presentación de pruebas. Entonces, había pedido que el Tribunal acceda a realizar un peritaje, pero su idea inicial era una pericia sobre toda la obra pública adjudicada durante su gobierno, incluyendo así a todos los contratistas del Estado que en la actualidad están siendo investigados por el juez Claudio Bonadio por haber pagado sobornos a la anterior gestión.
Según la causa elevada a juicio oral, muchos de los caminos que les encargaron a las empresas de Báez “no conducían a ningún lado” o “no eran necesarios”. Sin embargo, algunos de aquellos que sí revestían importancia quedaron sin concluirse, con el agravante que el contratista K habría cobrado sobreprecios del 65% en promedio por esos contratos.
En este contexto, el TOF 2 -con la participación de la fiscalía a cargo de Diego Luciani- dio luz verde al inicio de la pericia sobre cinco casos testigo entre aquellas obras bajo cuestión.
El peritaje, a cargo de contadores e ingenieros de la Corte, se entregará al Tribunal el 10 de junio, sólo 20 días después de la fecha fijada hasta ahora para iniciar las audiencias. La ex presidenta había pedido la suspensión del juicio porque esta prueba no estaba concluida, pero los jueces entendieron que se puede dar comienzo igual, ya que el estudio se incorporará a pocos días de la fecha ya pautada.
¿Qué se pidió en la pericia? Analizar si existieron sobreprecios en la confección de los pliegos y en las ofertas realizadas. Otro punto fue la capacidad técnica de cada una de las empresas de Báez adjudicatarias de los contratos viales, y los certificados de capacidad de contratación que tenían en dicho momento.
Además, el Cuerpo de Peritos debe expedirse sobre los motivos invocados por las empresas para solicitar aumentos de precios: mayores costos, modificaciones de obra, mayor plazos de ejecución de obras. Finalmente, se requirió que la pericia explicite si las demoras en la ejecución de los contratos “puede explicarse únicamente en los motivos referidos por las empresas”.
¿Cuáles son los casos testigo? Tres tramos de la Ruta Nacional 3, la Ruta 40 y la Ruta 288.
El Grupo Austral quedó inactivo desde el final del kirchnerismo. Previo a ello, recibió diez contratos para hacer obras sobre rutas nacionales en Santa Cruz (la Ruta 40, la 288 y la 3), que al momento de ser otorgadas tenían un costo de 2.896.608.738 pesos. Son justamente las rutas que seleccionó el Tribunal.
Con un avance promedio del 35% únicamente, terminar dichas obras hubiera significado una erogación de 7.280.208.928 pesos: casi tres veces más que su costo original, según un informe oficial.
En los contratos sobre la ruta 3, Báez nunca presentó certificado de capacidad técnica y en algunos tramos se multiplicaron los montos y los plazos. La obra en uno de los trayectos pasó de 18 meses a 39. Se otorgó por 91 millones de pesos y aumentó un 40%. El monto actualizado a 2016 de la obra era de 570 millones de pesos. No hubo explicaciones para el aumento.
Otro contrato organizado en tres tramos que estuvo en manos del Grupo Austral durante ocho años sólo avanzó un 37%, pero Báez cobró un sobreprecio superior al 300%, según informó Vialidad Nacional. La obra, que incluye tres tramos sobre la Ruta Nacional 3, conocida como la Autovía Caleta Olivia-Comodoro Rivadavia, fue la primera que el actual Gobierno le rescindió al titular de Austral Construcciones.
El proyecto original tuvo un costo de 674 millones de pesos y pese al poco avance, las dos constructoras de Báez que ganaron la licitación recibieron 2.892 millones de pesos: un 329% más que el valor original.