Aún no se define cómo quedará constituido el tribunal que deberá juzgar a Cristina Kirchner como jefa de la asociación ilícita que se dedicó al direccionamiento de la obra pública a
favor de Lázaro Báez.
Después de que la Cámara de Casación realizó el sorteo para completar la conformación del Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), la magistrada Adriana Palliotti quien había sido designada, planteó que no puede aceptar el cargo por la acumulación de juicios que ya tiene en otros tribunales.
Será ahora el máximo tribunal penal el que decida si acepta la acusación o no, y en caso de hacerlo se realizará un nuevo sorteo.
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La fecha del primer juicio por corrupción que deberá enfrentar Cristina durante el año electoral está fijada para el 21 de mayo. Pero ahora peligra la conformación del tribunal que la juzgará.
Luego del fallecimiento del juez Jorge Tassara -entonces titular del TOF 2-, Casación debió sortear un nuevo juez. Ante un juicio de gran envergadura y que se estima una duración de poco más de un año, los tribunales designan un cuarto juez suplente. En este caso es Andrés Basso, pero aún así falta cubrir una vacante.
Adriana Palliotti, quien había salido sorteada para constituir el TOF 2, informó que no podrá integrar este tribunal por la acumulación de juicios que tiene.
La magistrada integra el TOF 5 que tiene a cargo el juicio por Los Sauces SA, donde están procesados por lavado de dinero Cristina, Máximo y Florencia Kirchner.
Además, fue una de las que firmó la excarcelación de Amado Boudou el 11 de diciembre como integrante en carácter de subrogante del Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4) que tuvo a cargo el juicio por la compra de la ex calcográfica Ciccone. Además, la magistrada como parte del mismo Tribunal, se encuentra juzgando a Lázaro Báez en la Ruta del Dinero K, por lavado de dinero.
Será la Cámara de Casación la que determine si acepta la acusación de Palliotti y en tal caso, se realizará un nuevo sorteo. Fuentes judiciales señalaron a Clarín que en principio la fecha de inicio del juicio sigue siendo el 21 de mayo. Para entonces debe quedar constituido el Tribunal.
Semanas atrás, el TOF2 había rechazado por unanimidad los últimos pedidos de Cristina Kirchner con los que buscaba retrasar el inicio del juicio. La ex Presidenta había requerido la suspensión de esta etapa por no haberse concluido la instrucción suplementaria (ya que aún no finalizó una pericia pedida por ella) y que el expediente quedara radicado en Santa Cruz.
La causa de la obra pública, en la que también están procesados Lázaro Báez y varios ex funcionarios kirchneristas, investiga irregularidades en la obra pública vial de Santa Cruz. La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que supuestamente direccionó 52 contratos viales a favor de Lázaro Báez por 46.000 millones de pesos.
La acusación contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros ex funcionarios, además de Báez, es por haber constituido desde el Gobierno y organismos vinculados a la obra pública una “organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.
Entre otras irregularidades, la Justicia corroboró la simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez.
En este contexto, se analizaron gran parte de las licitaciones y se determinó que “se cobró un 19% más del valor original, y después hubo más modificaciones de costos”, según consta en la causa.
Estos movimientos de dinero posibilitaron que el patrimonio de Lázaro Báez, preso por lavado de dinero desde 2016, se incrementara en un 12.127% y el de Austral Construcciones en un 45.313%, tan sólo en diez años.
La Justicia corroboró la simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez.
La causa tiene 16 imputados y contará con 138 testigos. Tendrá dos audiencias semanales, los martes y miércoles, y fuentes judiciales estimaron que el desarrollo demandará más de un año.
PDL