La ONG, integrada por profesionales de derechos humanos y reconocida por la investigación y presentación de informes imparciales, asegura que “el gobierno debe retirar su solicitud” para investigar al magistrado de Dolores, ya dicha presentación que pone en riesgo la independencia judicial.
“Cualquier juez puede ser investigado cuando haya una causa que lo amerite; sin embargo, el gobierno no ha presentado ningún motivo convincente para justificar una investigación contra el juez Ramos Padilla”, sostuvo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
El Gobierno presentó formalmente la denuncia contra el juez Ramos Padilla
En esa línea, Vivanco apuntó a que pareciera que el gobierno “está tomando represalias contra un juez que tiene a su cargo una investigación que le preocupa”. En ese sentido, Human Rights Watch señaló que el Ministro de Justicia de la Nación Germán Garavano, al pedir que se investigue al juez Ramos Padilla, indicó que el juez había violado el Código Procesal Penal argentino al divulgar pruebas al público durante su audiencia en el Congreso.
Sin embargo, plantearon que “la mayoría de las pruebas que presentó el juez ya habían sido divulgadas el 25 de febrero cuando el sitio web del poder judicial publicó el procesamiento de D’Alessio”. “Es habitual que el sitio web publique procesamientos en casos de interés público”, argumentó la organización.
“Los jueces de instrucción usualmente brindan información al público sobre investigaciones en curso, pero rara vez las autoridades argentinas han solicitado que se inicie una investigación en su contra, lo cual siguiere que se trataría de un preocupante caso de doble estándar” expresaron.
Garavano tildó de “juez militante” a Ramos Padilla y dijo que su exposición fue “irregular”
Respecto al accionar del juez de Dolores, el artículo considera que Ramos Padilla “se limitó a presentar las pruebas disponibles (…) y aclaró que la prueba podía interpretarse de distintas formas o que el acusado podría haber fabricado pruebas falsas y que el análisis de la Comisión Provincial no era concluyente para la investigación”, en referencia a la acusación del Gobierno que sostiene que en dicha exposición el juez demostró que carecía de “ecuanimidad” porque sostuvo por sostener como verdaderos hechos que todavía no han sido verificados.
Por último, en relación al accionar de los periodistas involucrados en la causa, Vivianco expresó que “cualquiera sea el resultado de esta investigación, ningún periodista puede ser perseguido penalmente solamente por publicar información y proteger a sus fuentes”.
A.G./F.F.