A paso lento, pero arranca. Tras abrirse el período ordinario el 1° de marzo, el Senado tiene en principio un acuerdo para abrir el fuego con la primera sesión del año,
para avanzar el próximo miércoles con la aprobación de la demorada ley de financiamiento de las campañas electorales.
En tanto que la Cámara de Diputados tendrá su primera sesión el próximo miércoles 27, para darle media sanción al proyecto para combatir las barras bravas, cuyo tratamiento se postergó en diciembre por falta de consenso.
En esa misma sesión, el Frente para la Victoria y el Peronismo federal pedirán preferencia para tratar en la siguiente sesión, el 24 de abril, el rechazo al DNU de Mauricio Macri que implantó por esa polémica vía la extinción de dominio con el objetivo de apurar la recuperación de los bienes originados en delitos de corrupción y narcotráfico.
Este fue el consenso al que llegaron el presidente de la Cámara, Emilio Monzó, con los jefes de las principales bancadas de oposición: Agustín Rossi (FpV), Pablo Kosiner (Argentina Federal), y Graciela Camaño (Frente Renovador).
Entre ambas fechas ya acordadas, el 10 de abril habrá otra sesión para recibir el informe de gestión del jefe de Gabinete, Marcos Peña.
El objetivo es módico: se piensa en cinco sesiones en total en cada Cámara hasta las PASO. El bajo nivel de actividad tiene que ver con las peleas por el año electoral, y el calendario apretado de comicios provinciales.
La sesión del 24 de abril en Diputados está pensada para darle sanción definitiva al proyecto de financiamiento de los partidos políticos, que habilita el aporte de los privados a las campañas, hasta ahora prohibido por ley. Se espera que el Senado le de media sanción el miércoles que viene.
Para ese mismo día, la oposición se propone rechazar en el recinto de Diputados tres DNU de Macri: el de extinción de dominio; el que pone a licitación a través del Enacom, frecuencias asignadas a Arsat; y el que rebaja la Secretaría de Deportes a Agencia de Deportes Nacional.
Los tres DNU ya tuvieron dictamen de rechazo de mayoría de la Bicameral de Tramite Legislativo. Aun si el pleno los rechazara, seguirán vigentes porque para que queden sin efecto deben rechazarlos en ambas Cámaras.
La batalla por extinción de dominio tiene final incierto. Pero el Gobierno ya dio muestras de sacarle provecho a la postura opositora, achacándoles la protección de los ex funcionarios K acusados de corrupción.
La idea opositora es rechazar el DNU, pero al mismo tiempo sacar la extinción de dominio por ley. No debería ser difícil: Diputados debe optar por ratificar, con simple mayoría, su texto aprobado en octubre de 2016, o aceptar los cambios que le hizo el Senado el 22 de agosto del año pasado.
La discusión estará centrada en la retroactividad o no de la extinción. Si se aprueba el texto light y lavado del Senado, que votaron el PJ de Miguel Pichetto y el bloque de Cristina Kirchner, la extinción se ata a la causa penal y no es retroactiva a la corrupción de los años K. Además de que los juicios por corrupción casi nunca llegan a término.
El texto de Diputados, en cambio, avanza en la extinción en la Justicia civil, en un proceso con todas las garantías, hasta el fallo judicial. El DNU de Macri, con algunas diferencias, está en el mismo camino.
Aquella media sanción de Diputados que luego el Senado cuestionó, fue un proyecto de Sergio Massa y Graciela Camaño. La jefa del bloque massista ha ratificado que lo sostendrán. Camaño dijo el año pasado que el Senado había devuelto un “decomiso ampliado”, que “mandamos un caballo y nos devolvieron un perro”.
El radical Mario Negri y Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, también están a favor de ratificarlo, porque permite ir por los bienes malhabidos de la corrupción kirchnerista, además de otros delitos como el lavado de dinero o el narcotráfico.
El peronismo federal en Diputados está dividido, no fijó posición, y se debate entre actuar en “espejo” con el bloque Pichetto del Senado y el antecedente de haber contribuido en 2016 a la media sanción de la extinción, por la vía civil, que hoy aparece con detractores que lo cuestionan por su supuesta inconstitucionalidad.