El “escándalo de los cuadernos” se instaló por primera vez en el capítulo sobre corrupción del informe de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en la Argentina divulgado
este miércoles en Washington que señala, además, otras preocupaciones como la situación de los presos, la interferencia en el poder judicial y los crímenes por violencia de género.
El documento anual es un relevamiento mundial confeccionado por el Departamento de Estado en base a reportes de cada país sobre temas del año precedente, en este caso 2018.
En el capítulo de Argentina sobre corrupción, el informe señala que el 1° de agosto las autoridades arrestaron a 12 ex funcionarios y empresarios por acusaciones “basadas en anotaciones a mano que había tomado un ex chofer oficial que alegaba haber registrado pagos en efectivo que llevaba a las residencias oficiales y privadas de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández para favorecer contratos públicos desde 2008 a 2015”.
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El reporte señala que los fiscales calculan que el sistema de coimas llegaría a 160.000 millones de dólares. Agrega que en septiembre una corte federal acusó a la ex presidenta y señala que tanto ellas como sus hijos Máximo y Florencia “afrontan otras 5 causas separadas de corrupción”. Resalta los cargos que enfrenta Cristina, como lavado de dinero internacional, asociación ilícita, entre otros.
También menciona al ex vicepresidente Amado Boudou, “el más alto cargo de la administración” de la ex presidenta en ir a prisión por corrupción. Y también al ex ministro de Planificación Julio De Vido, preso por otras causas.
En un apartado sobre “desaparecidos”, el informe señala que en noviembre un juez federal estableció que la muerte de Santiago Maldonado “no fue una desaparición forzada y no hubo un caso penal” en base a una autopsia oficial que estableció que el activista murió ahogado.
El informe también resalta una preocupante situación en las cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, con “superpoblación, deficiente asistencia sanitaria y condiciones insalubres”. Señala que en 2017 hubo 733 denuncias sobre tortura y maltrato durante arrestos o en las cárceles bonaerenses y 274 en el sistema federal.
En otro apartado, el reporte señala que “el Gobierno no siempre respeta la independencia judicial y la imparcialidad”. Sin mencionar ningún caso en particular, explica que, según ONGs locales, jueces en algunas cortes penales y civiles son sujetos “a manipulación política” y que las organizaciones también critican a las tres ramas del Gobierno por el uso de “procedimientos inapropiados para seleccionar jueces y para asignar jueces a casos específicos”.
Menciona que el Consejo de la Magistratura, por ley de 2015, elegía jueces sustitutos de una lista que podía eludir los criterios de méritos necesarios para el cargo y que, a pesar de que este sistema ya no funciona, la organización Fores reportó que al menos 25 de esos jueces permanecen en sus cargos.
En cuanto a violencia de género, el informe señala que si bien la ley prevé penas más duras contra aquellos que matan por cuestiones de género, la falta de vigilancia policial y judicial lleva a la falta de protección de las víctimas. También reportan que la actitud de la policía, los hospitales y las cortes hacia las víctimas de violencia sexual muchas veces afecta en forma negativa a la denunciante.
EP