El juez federal Claudio Bonadio sobreseyó al director ejecutivo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Emilio Basavilbaso, investigado por operaciones sospechosas con el Fondo de Garantías Sustentables (FGS)
del organismo.
Se trató del primer caso de un funcionario de alto rango del gobierno de Mauricio Macri acusado por la presunta comisión de un delito.
El sobreseimiento alcanzó también al ex ministro de Finanzas Luis Caputo, y a otros funcionarios y ex funcionarios del Gobierno que habían sido imputados por el fiscal Jorge Di Lello.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
“No se acredita que los funcionarios hubiesen mal vendido las acciones ni que dicha venta haya perjudicado las arcas del Estado”, aseguró el juez en su resolución. Según publicó Infobae, Bonadio sostuvo que el precio que se pagó “fue el mejor de ese día” y que el Fondo “obtuvo buena rentabilidad” por la inversión.
Basavilbaso había sido denunciado por los diputados Rodolfo Tahilade (Frente para la Victoria) y Victoria Donda (Movimiento Libres del Sur) y por el titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de la Seguridad Social (UFISeS), Gabriel de Vedia, por la venta de la participación estatal en la petrolera brasileña Petrobras adquirida por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin.
La operatoria investigada por Bonadio como presuntamente constitutiva del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública ocurrió en noviembre de 2016, cuando el FGS de la Anses se desprendió del 11,85% del capital social que tenía en Petrobras como herencia de las AFJP. A mediados de ese año, la empresa brasileña fue adquirida por Pampa Energía, que estaba obligada por la ley a realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) para los socios minoritarios.
El FGS de la Anses accedió a vender su parte a un valor de $ 10,37 la acción pero, tras la fusión con Pampa Energía, las acciones de Petrobras Argentina subieron a un valor cercano a los 18 pesos, casi el doble. “Pareció hecho a la medida de los empresarios amigos de la familia Macri”, dijo en aquel momento la diputada Donda.
Sin embargo, para Bonadio, se trató de un “hecho atípico”, en el que “no se advierte que los funcionarios hubieran mal vendido las acciones ni que dicha venta haya provocado un perjuicio para el Estado”.
El juez explicó que “los funcionarios del Fondo al momento de explicar las razones que hacían más conveniente aceptar la OPA en efectivo, sostenían entre otras la ‘necesidad de liquidez’ que en el corto plazo debía afrontar el FGS, a que se debía la misma al programa de reparación histórica”.
La decisión judicial alcanzó a Basavilbaso, Caputo, Ricardo Antonelli, Luis Maria Blaquier, Matías Tamburini, Fernando Recalde, Leandro Toriano, Pedro Lacoste, Gustavo Marconato y Rocío Balestra.
JPE