Cuando la justicia allanó la propiedad de Cristina Kirchner en El Calafate, retiró 94 cajas con diferentes objetos de presunto valor. Entre ellos, se encontraba una carta que escrita en
1835 por el general José de San Martín y el prontuario del ex presidente Hipólito Yrigoyen. El juez Claudio Bonadio la procesó por tener dichos documentos, al sostener que se obtuvieron de manera ilegal.
La carta de San Martín y el documento de Yrigoyen se entregaron bajo custodia al Archivo General de la Nación son “auténticos”, y la Justicia determinó que su adquisición fue de forma ilegal.
El magistrado acusó a la ex presidenta por el “ocultamiento, destrucción o exportación ilegal de documentos históricos”. Dicha acusación contempla una pena de multa de entre diez mil y cien mil pesos.
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El archivo hallado durante los allanamientos por la causa de los cuadernos es un prontuario del ex presidente radical, con las actividades desde el año 1906 al 1910, sin tapa, compuesto de 122 fojas, junto a un CD en un estuche que lleva la inscripción “Prontuario H. Yrigoyen digitalizado”.
El otro archivo es la carta que San Martín le escribió al líder independentista chileno Bernardo O’Higgins en 1835. Para la Justicia, la ex Presidenta no debía tener en su poder esos documentos y por eso, Bonadio la procesó.
En este contexto, el juez indicó cuando se pidió que se investigue la tenencia de los documentos que la carta, “constituye claramente un documento histórico de más de cien años de antigüedad, y que involucra directamente a un personaje político e histórico de nuestra Nación; de lo que se evidencia la utilidad que reviste para la investigación histórica de aquella época”.
Sin éxito, la ex Presidenta recusó al juez en esta causa que se generó por una extracción de testimonio y recayó en su juzgado. Entonces, se quejó la ex mandataria del expediente: “Como había que generar una noticia de impacto (Cristina fue convocada a prestar declaración indagatoria en ocho causas), el juez ni siquiera aguardó a la finalización de los estudios periciales relativos a estos documentos y así, de un día para el otro, ordenó mi citación”.
Planteó que esta acusación “resulta absolutamente falsa, a lo que se suma que el hecho que se me imputa ni siquiera constituye delito, pues jamás tuve dolosamente en mi poder documentos ajenos o que debieran ser resguardados por alguna autoridad competente”.
NMD JPE