El Gobierno envió el proyecto de Ley de Ética Pública en Ejercicio de la Función Pública, tal como lo había anticipado Mauricio Macri en su discurso de apertura de
sesiones ordinarias en el Congreso.
El texto ingresó el miércoles y apunta a establecer la ética para el ejercicio de la función pública en el ámbito nacional, como también los principios de respeto de la iguldad de trato; imparcialidad, integridad, preservación del interés público, entre otros puntos, según consigna el sitio El Parlamentario.
“El proyecto de ética pública y lo decretos que regulan los casos de conflictos de interés son todos claros ejemplos de un cambio muy profundo, que es la base para todo lo demás”, anticipaba el Presidente de la Nación en el Parlamento.
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El punto sobre los deberes de los funcionarios establece “rechazar cualquier beneficio personal derivado de la realización, retardo u omisión de un acto inherente a la función”, así como también “velar por el uso adecuado de la información adquirida en ejercicio de sus funciones” y “poner en conocimiento de las autoridades competentes cualquier situación ilícita o irregular de la que tuvieren conocimiento”.
El nepotismo es otro de los puntos que establece la iniciativa enviada por el Ejecutivo, luego de que en 2018 el presidente Macri estableciera la prohibición para que familiares directos de los ministros ocupen lugares políticos, para producir una reducción del 25% en los cargos políticos, en medio de la discusión por la reducción del gasto público en ese rubro.
“El cónyuge o conviviente o las personas que poseen vínculos de parentesco en línea recta o colateral hasta segundo grado con los secretarios o subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional, funcionarios con rango y jerarquía equivalente, secretarios de Gobierno y máximas autoridades de los entes descentralizados, no podrán ser designados ni contratados, bajo ninguna modalidad, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones”, establece el texto.
Mientras que en los casos del presidente, el vice, el jefe de Gabinete, los ministros, funcionarios con rango y jerarquía equivalente y secretarios de Gobierno, la prohibición alcanza todo el ámbito del sector público nacional.
Además, el proyecto del Gobierno obliga a presentar declaración jurada patrimonial y de intereses desde el jefe de Estado hasta integrantes del Gabinete nacional hasta el grado de directores coordinadores, diputados y senadores, miembros del Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público e integrantes del Consejo de la Magistratura y miembros de las Fuerzas Armadas hasta la jerarquía de coronel.
Los conflictos de interereses de los funcionarios, por los cuales la oposición cuestionó a varios ministros y ex ministros de Cambiemos, es otro de los puntos del proyecto. “Cuando concurren o pueden concurrir el interés público propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico”, señala el texto. Y agrega que es una “situación objetiva que se configura independientemente de la intención del funcionario”.
Y establece que el conflicto de interés se produce cuando “de manera circunstancial, pues el funcionario tiene intereses privados directos o indirectos que solo eventualmente podrían concurrir con su función pública”.
Y fija que los funcionarios no puedan “realizar una actividad en el ámbito privado o prestar servicios para quien realice una actividad en ese ámbito sobre la que tenga algún tipo de atribución en ejercicio de la función pública”.