Paula Sánchez Frega tiene 28 años, es de La Rioja y logró llevar a juicio a su exnovio por haber difundido videos sexuales de los dos juntos después de que se
separaron.
Ella lo dejó a él. Y estos casos son conocidos como “pornovenganza”. Paula en sus redes sociales lo llama así, pese a que organizaciones feministas que la apoyan aclaran que incluir “venganza” en el término infiere que la víctima incurrió en un acto indebido, cuando en realidad sólo dio por finalizada la relación.
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La mayoría de los que recurren a humillar a sus exparejas mediante este método en internet son hombres.
El caso de Paula —quien por cuestiones legales pide que no se mencione el nombre del acusado— cobró notoriedad a nivel nacional en junio de 2017. Fue cuando su ex fue procesado con prisión preventiva, con el beneficio de la excarcelación, por los delitos de “coacción” y “lesiones leves calificadas”.
En ese entonces también fue embargado por $ 30.000. Aún no se definió la fecha de inicio del juicio.
Paula conoció a su ex cuando ella entró a su local para tatuarse. Desde entonces comenzó una relación que ella define como “tóxica” por los celos de los dos. Él se fue a vivir a la casa de ella y tras diversos episodios de “violencia verbal y física”, ella lo echó. Ahí, según relata Paula, él le avisó que la iba a “destruir” y difundió los videos y fotos por WhatsApp.
En la Argentina, un anteproyecto dado a conocer en septiembre impulsa incluir la figura de “pornovenganza” en el nuevo Código Penal, que aún no fue enviado al Congreso para su aprobación.
En él se incluyó el artículo 493 dentro del capítulo de delitos informáticos, que prevé una pena de entre seis meses y dos años de prisión a quien difunda un video, una imagen o un audio “de naturaleza sexual” que una persona hubiera obtenido con consentimiento en el marco de una relación íntima, y “que luego la difunda sin el consentimiento de la otra parte, afectando a esa persona con la difusión”.
También se establecen multas que, a valores actuales, serían de entre 15.000 pesos y 60.000 pesos. El caso de Paula fue puesto como ejemplo por el Gobierno en la web del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para hablar de este artículo bajo el título: “Pornovenganza: un nuevo delito incluido en la reforma del Código Penal”.
Además, hay agravantes, entre los que están el haber sido pareja de la víctima, si la víctima es menor de edad o si el delito se comete con fines de lucro, práctica conocida vulgarmente como “sextorsión” (extorsión sexual).
Como resultado de la viralización de sus videos, Paula comenzó un tratamiento psicológico y psiquitátrico, por “depresión y trastornos de ansiedad” que la llevaron a encerrarse en su casa.
LGP