“Mi esperanza está en poder cuidar a otra mujer. Que alguien que haya pasado por esto salga de ahí. Yo tardé”. Veinte años le tomó a Marisa Astudillo salir de la
humillación, el hostigamiento y el maltrato físico perpetuado por su ex marido, un suboficial de la Policía bonaerense de Necochea. A casi dos años de que él le disparara tres tiros y la dejara al borde de la muerte, la Justicia determinó para el agresor una pena inédita en un caso de tentativa de femicidio: 24 años de prisión.
Marisa habla con soltura, pero su voz está quebrada por meses de traqueotomía. El resto de su cuerpo también quedó roto. Casi no tiene movilidad en las piernas y depende de bastones canadienses. Fueron tres balas: una le tocó la médula; otra, el húmero derecho. Otra, los pulmones. “Pero me quiso matar y no pudo con mi vida“, dijo Astudillo.
La escena que cerró los 20 años de violencia de género fue en abril de 2017. A ella se le enganchó la ropa tratando de pasar la reja de su casa: huía de él, el hombre del que tanto le había costado separarse, suboficial de la Policía bonaerense, un hombre poderoso y manipulador. La ropa enmarañada en esa reja le dio tiempo de sobra para dispararle tres veces con su arma reglamentaria. Acierto: tres de tres.
Por la bala que le pegó en la médula, Marisa Astudillo tiene afectada la motricidad.
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Además del inédito tiempo de la pena, la magistrada a cargo del fallo, Mariana Giménez, titular del Tribunal en lo Criminal N°1 de Necochea, generó otra novedad: sugirió que desde ahora la provincia de Buenos Aires adhiera a la ley de Violencia de Género con el rótulo “ley Marisa”.
“Se lo merece, se merece ser recordada. Cuando la vimos entrar, no podíamos creer que hubiera venido a declarar, y sin la silla de ruedas… es una mujer muy lastimada, pero de gran fortaleza. Fue increíble. Apenas podía con su cuerpo”, contó a Clarín el fiscal de la causa, Eduardo Nuñez.
El agresor, Rubén Ortega (entonces de 50 años), efectuó los disparos a sólo dos metros y directo a la espalda de Astudillo, que entonces tenía 43. Según el fiscal, “fue un fusilamiento”.
“Era un celoso grave. La maltrató físicamente durante los dos embarazos, diciéndole que seguro eran hijos de otro. Le ponía micrófonos en la billetera o en la cartera. La tenía encerrada y no le daba dinero”, describió el abogado de Astudillo, Julio Razona.
Agregó que “ella acudió al Estado para ser protegida, pero él trabajaba en la departamental de Necochea y obstaculizó todos esos mecanismos. Una vez, incluso, intentó ahorcarla en su propia oficina”.
“Creo que estas secuelas no se me van a borrar nunca. Es imposible borrar lo que se vivió durante más de 20 años, las humillaciones, la frustración que sentí y siento. Los años de tanto dolor. No sé si el tiempo me va curar”, contó Marisa a Clarín.
Astudillo llora en la charla. Pero sabe que hizo lo que pudo: “Intenté irme varias veces, pero en 2017 decidí que me separaba definitivamente y que no había vuelta atrás. Tenía el apoyo de mis hijos. Él se fue a la casa de su mamá. Pero un día vino a mi casa diciendo que había tenido un preinfarto, y me pidió quedarse en el quincho. A mí me dio lástima. Siempre se ponía en víctima y lograba conmoverme. Tres días después intentó matarme“.
Luego de la balacera, como informó Clarín en 2017, Ortega tuvo una actitud particular: esperó sentado en la vereda de su casa hasta que la Policía llegara.
Marisa Astudillo con su madre, antes del ataque.
El fiscal Nuñez apuntó a ese episodio: “Esa escena, donde se vio su cabal comprensión de la situación, fue uno de los argumentos que usamos para justificar que los celos eran un rasgo de su personalidad, no parte de una conducta psicopática, que lo hubiera vuelto inimputable, como decía la defensa. Él sabía lo que hacía y como fue un juicio por jurados, no fue fácil hacerles ver esto”.
El dictamen de la jueza, casi dos años después del ataque, lo tendrá a Ortega encerrado 24 años en la Unidad 15 de Batán. La querella había pedido 26 años y medio de cárcel, con lo que cobra sentido una pequeña reputación que se hizo la jueza Giménez en Necochea, donde corre la voz de que la magistrada es severa, rozando, en casos así, el máximo de la pena solicitada.
“Me quedé sin trabajo y sin obra social. Ahora me mantiene mi hija, que debió dejar de estudiar y ponerse a trabajar. Me consuela pensar que por algo estoy acá. Tengo que salir”, reflexionó la mujer.
En estos días le harán dos cirugías, una para mejorar la movilidad de su brazo; la otra para reparar la tráquea lastimada: “Esa operación me la iban a hacer hace tiempo, pero la pospuse hasta que pasara el juicio. Necesitaba ir a declarar. Necesitaba poder hablar“.
DD