El fiscal Gerardo Pollicita pidió este jueves la elevación a juicio oral ante el juez Sebastián Ramos, de la actriz Andrea Del Boca, el ex ministro Julio De Vido y
otros ocho imputados. Están procesados por el delito de “defraudación contra la administración pública”, a raíz de las irregularidades detectadas en la financiación de la telenovela “Mamá Corazón” y de otras producciones audiovisuales financiadas por la disuelta cartera de Planificación.
Fue el juez federal Ramos quien procesó a De Vido y lo embargó por 60 millones de pesos; mientras que la actriz y productora fue procesada como “partícipe necesaria” de la maniobra, al igual que el entonces rector de la Universidad de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, a quienes les trabaron un embargo por 50 millones y 60 millones, respectivamente.
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Tras el análisis del informe que entregaron los peritos de la Corte Suprema, se estableció que Andrea del Boca percibió más de 24 millones de pesos para la realización de “Mamá corazón”, que financió el Ministerio de Planificación por intermedio de la UNSAM. El informe confirmó que se cobró el “76,01% del total” presupuestado para la obra. La productora “a+A Group” (de la actriz) tuvo una ganancia de 3,26 millones de pesos por una novela que iba a costar 36,6 millones y nunca se terminó.
El juez determinó que “la maniobra en cuestión se encontraba planificada y direccionada desde su inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”. Por estos motivos, el fiscal Pollicita pidió que la causa sea elevada a juicio oral y publico.
Para que esa maniobra pudiera concretarse, el fiscal determinó durante la instrucción que todos los participantes cumplieron un rol específico que “contribuyó al éxito de la misma” y consideró que existió una estructura que respondió “a una voluntad predominantemente política y adoptada con anterioridad a que se formalizara el trámite de los expedientes”.
Este planteo tuvo confirmación de la Cámara Federal porteña donde los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia señalaron que a partir de los elementos reseñados, “hay razones fuertes para presumir que Julio Miguel De Vido, en abuso de sus funciones, comprometió los intereses confiados al firmar los convenios con la UNSAM y delegando atribuciones en personas encargadas de su desarrollo y que actuaban dentro de la órbita de su dependencia, a partir de los cuales se canalizó la entrega de los fondos”.
Pollicita recordó que las contrataciones directas efectuadas con universidades nacionales buscaban “disimular la adjudicación directa de los fondos aportados por el Ex MINPLAN a la productora a+A Group SRL, con la excusa de generar contenidos para el BACUA”, según resolvió en su momento el juez de la causa.
Durante la instrucción se concluyó que la decisión de financiar la obra “Mamá Corazón”, “estaba tomada antes de la formalización de los expedientes y que todo lo actuado con posterioridad tuvo el propósito de dotarla de legitimidad”.
Bajo estas premisas, se planteó que es “posible sostener que las irregularidades detectadas en los procesos de selección y contratación -respectivamente-, en los que intervinieron autoridades de la UNSAM, son reveladoras de intromisiones ajenas a los intereses de la administración pública, que se repiten en los dos procedimientos seguidos como consecuencia de las firmas de los convenios investigados y que, estando a las pruebas, estuvieron orientados a beneficiar a la cooperativa de trabajo “Tostaki Ltda.” y a la productora “a + A Group S.R.L.”.
Tanto el fiscal de la causa como el juez Ramos coincidieron al plantear que lo cuestionable en este caso no es la celebración de los acuerdos con la UNSAM -“tampoco sus propósitos o contenidos”- sino “la desnaturalización de su objeto y su utilización para evadir los controles con miras al desvío de fondos públicos asignados, hipótesis que a priori se ha configurado en autos”.
Parta la Justicia, el convenio tuvo como propósito “posibilitar la selección discrecional de la telenovela “Mamá Corazón”, propuesta por la productora “a+A Group SRL”, para que fuera “financiada íntegramente con fondos públicos y generara ganancias a la referida empresa, cuya socia gerente Andrea del Boca era una persona cercana al gobierno de ese entonces”.
EP