Asimismo agregaron que “carece de correlato la afirmación de las defensas de que no se haya especificado en nuestra requisitoria -y en la del resto de los
“Todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar fueron descriptas, cada pago, cada concepto fue detallado, con indicación de fechas, montos y lugares, de manera que mal puede decirse que los justiciables puedan desconocer cuál es el hecho que se imputa ni que se vean privados, en consecuencia, de la posibilidad de contestar la acusación”, agrega la OA que conduce Laura Alonso.
En su requerimiento de elevación a juicio, la Oficina sostuvo que entre los años 2006 y 2016 se instauró una “sociedad delictiva que que creó, diseñó y permitió mantener un mecanismo, a través de distintas operaciones comerciales simuladas, que de modo permanente y continuo tenía por objeto otorgarle apariencia de legalidad a sumas de dinero millonarias de origen ilícito proveniente de las empresas del Grupo Báez y del Grupo Indalo.
En el escrito dirigido al TOF 5, la OA recordó que ya la Cámara de Casación había rechazado esto y que, si bien esta causa está conectada con otras, “no hay impedimento para que las maniobras se investiguen por separado”.
“En uno de los hechos se lavaba dinero a través de la explotación comercial de hoteles (causa Hotesur), y en el otro a través de los alquileres de inmuebles y de otro hotel (causa Los Sauces), con lo cual el archivo de cualquiera de las dos causas, pretendido por la defensa, no puede sino ser rechazado, pues no estamos en presencia de un único suceso, sino de eventos escindibles tanto fáctica como jurídicamente”, indicó el organismo.