Hasta anoche era firme la certeza de que se interrumpiría el embarazo de 23 semanas que cursaba la nena de 11 años violada por el novio de su abuela, en Tucumán.
Era así según lo informado por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa) tucumano. Sin embargo, esta madrugada los médicos le practicaron a la menor una cesárea, en supuesto cumplimiento de una orden que llegó desde esa misma entidad, que habría ordenado “salvar las dos vidas”. La decisión implicó, a su vez, el incumplimiento del derecho de la víctima a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) descripta en el Código Penal argentino.
Distintos medios tucumanos difundieron el comunicado que circuló desde el Siprosa:
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El Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) notificó esta noche a la directora del Hospital Eva Perón, Dra. Elizabeth Avila, que proceda a dar cumplimiento al oficio emitido en el día de la fecha por la jueza de la Va Nominación, Dra. Valeria Judith Brand, el cual consigna que “en atención a la innecesariedad de judicialización” y en función de lo peticionado por la niña y su progenitora y —según el oficio—- “conforme (a la) doctrina pacíficamente aceptada emanada del fallo FAL”, se continúen los procedimientos necesarios en procura de salvar las dos vidas.
En tanto, la víctima estaría fuera de peligro, internada en el hospital del Este “Eva Perón”, de la ciudad de tucumana de Banda del Río Salí, a unos diez kilómetros de la capital provincial.
Un grupo de personas en participó esta semana en una protesta para pedir que se aplicara la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a una niña de 11 años violada por la pareja de su abuela, de 65 años, en Tucumán (EFE).
Según informó el canal de noticias TN, el recién nacido se encuentra en incubadora, aunque los médicos creen que tiene pocas chances de sobrevida, dado su bajo peso de nacimiento.
La noticia generó indignación en distintos organismos de derechos humanos que habían denunciado las múltiples presiones que recibió la nena para continuar el embarazo, lo que demoró al menos un mes la decisión —ahora frustrada— de que se aplicaría una ILE, y puso a la niña en una situación de enorme vulnerabilidad física y psicológica.
Según pudo averiguar Clarín, fue dificultoso para las autoridades del hospital Eva Perón encontrar médicos dispuestos a practicar la cesárea: ninguno de su planta permanente quería hacerlo.
Tucumán es la única provincia del país que no adhirió al protocolo de la ILE y se declaró “provincia Pro Vida”. Tampoco adhirió nunca al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable (ley de 2002).
LGP