Con la sincronía de dos relojes suizos, mientras Cristina Kirchner se encontraba en el juzgado federal de Claudio Bonadio para responder en ocho indagatorias vinculadas a la causa de los cuadernos
de las coimas, el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó con prisión preventiva al falso abogado Marcelo D’Alessio, acusado de integrar una asociación ilícita y extorsionar al empresario Pedro Etchebest.
Además, lo embargó por diez millones de pesos, insistió ante el procurador general Eduardo Casal para que analice la conducta del fiscal Carlos Stornelli y planteó una disputa de jurisdicción con el juez Julián Ercolini: en lugar de enviarle la causa tal como el magistrado de Comodoro Py le había pedido, ahora es él quien quiere que Ercolini le mande el expediente iniciado en Capital Federal tras la denuncia de Stornelli.
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En este juego de espejos y tahúres, hasta el calendario tiene un rol: en su respuesta por escrito al juez Bonadio en la causa de los cuadernos de las coimas, Cristina Kirchner le reprocha haberla citado a indagatoria este lunes, porque es la fecha del cumpleaños de Néstor Kirchner. El mismo día fue elegido por el juez Ramos Padilla para procesar a D’Alessio con una sólida resolución que -haya sido o no su intención- funciona como un ariete para la argumentación política a la que la ex presidenta recurrió como única defensa.
En un escrito que contiene decenas de imágenes, capturas de pantalla con supuestos intercambios de Whatsapp de D’Alessio y otras personas, transcripciones de diálogos entre el falso abogado y sus supuestos colaboradores en las maniobras de espionaje ilegal y extorsión por las cuales ahora está procesado, el juez Ramos Padilla advierte que ” queda claro que a D´Alessio le habían brindado información de la que no puede disponer sino un órgano jurisdiccional o una agencia de inteligencia y que ha efectuado seguimientos y tareas de inteligencia previas a su encuentro con aquel. Ha reconocido incluso haber tomado fotografías de la vivienda del nombrado a Pedro Etchebest –como se ha visto- y ha indagado acerca de su vida personal y relacional”.
El juez se refiere a las supuestas maniobras de vigilancia y presión para tratar de convencer al Etchebest de que su nombre figuraba en la confesión del ex titular de la ONCCA Juan Manuel Campillo, y que su involucramiento y eventual detención en la causa de los cuadernos era inminente. Según la denuncia del empresario, que el juez acaba de convalidar, esas afirmaciones eran la excusa para extorsionarlo con el pedido de 300.000 dólares, en el que supuestamente también estaba involucrado el fiscal Stornelli.
Ramos Padilla dice sin embargo que este modus operandi habría sido habitual por parte de D’Alessio y sus eventuales colaboradores, “y que habrían llevado a cabo muchos más raides delictivos que los que se podía tener en consideración al momento de recibirle declaración indagatoria al imputado hace escasos días.”
“La asociación habría actuado de forma permanente y estable en varios cursos de acción delictivos, con división de roles y coordinación de funciones entre sus diversos miembros y llevó adelante diversas actividades ilícitas cuyas particularidades deberán ser profundizadas y entre las que se han destacado en este resolutorio únicamente algunas vinculadas a actividades de espionaje ilegal y que se vinculan con la: 1) La extorsión a Pedro Etchebest; 2) la maniobra de la cámara oculta para perjudicar a José Manuel Ubeira (un abogado que entre otros clientes defiende al ex interventor de Yacyretá Enrique Thomas); 3) el “ablande” y la coacción sobre Brusa Dovat (un ex directivo de PDVSA); 4) el posible pago a Leonardo Fariña para que declare en determinado sentido; y en general la realización de maniobras de inteligencia y acciones psicológicas de persecución y coacción, hasta la posible “extracción de personas” por vuelos no detectables”.
Por eso, el juez acusa a la supuesta asociación ilícita integrada por D’Alessio de practicar, entre otros delitos, “la extorsión, la coacción, el falso testimonio, el encubrimiento, el incumplimiento de los deberes de funcionarios público, entre muchos otros.”
Para justificar la prisión preventiva del falso abogado, el juez explica que “sólo de momento se ha comprobado que la asociación ilícita realizaba distinto tipo de operaciones mediante intimidaciones, amenazas, simulaciones, contactos y relaciones con funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, agentes de inteligencia orgánicos o inorgánicos y funcionarios y magistrados del Ministerio Público Fiscal. Todos esos posibles delitos –los que podrían concursar materialmente entre sí- así como sus características, no sólo acrecienta la expectativa de pena sino que resulta determinante para concluir que -de recuperar la libertad- el imputado intentará eludir la acción de la justicia y/o entorpecer la investigación que deberá proseguir su curso en orden a los demás delitos y partícipes.”
“A lo largo de este proceso se ha dado cuenta de las conexiones que esta asociación tenía con diversos funcionarios de los distintos estamentos del estado, en especial con miembros de las fuerzas de seguridad e inteligencia, como también funcionarios de la justicia”, por lo que D’Alessio podría entorpecer la investigación si quedara libre, según la interpretación de Ramos Padilla.
Para el magistrado, es un “particular agravante” del riesgo procesal “la cantidad de armas y equipos vinculados a las fuerzas de seguridad que se hallaron en su vivienda: armas sofisticadas, municiones, balizas policiales, chalecos antibala, brazaletes de la P.F.A. o logos de la P.S.A., equipos de grabación ‘ocultos’, etc., es decir, instrumentos propios de una fuerza policial nacional con el aditamento que el imputado no pertenece – desde lo formal- a ninguna de ellas”.
El juez toma una posición ambigua respecto a la posible participación de Stornelli en las supuestas maniobras ilegales. Se ataja advirtiendo que “es una hipótesis probable que el doctor Carlos Stornelli no esté vinculado al reclamo dinerario a Etchebest. Sus antecedentes y su larga carrera judicial indicarían eso. En especial me inclino por esta hipótesis porque entiendo que un fiscal con tanta experiencia no recurriría a un “agente de la DEA” -como él mismo dice que se lo presentaron-, para llevar adelante un reclamo de dinero”. Pero acto seguido recuerda que hay “muchos elementos que los vinculan con esos hechos de extorsión”, y vuelve a pedirle al procurador Eduardo Casal que investigue su conducta.
Ramos Padilla –identificado abiertamente con el kirchnerismo– también rechazó el pedido de su colega porteño Julián Ercolini de remitirle la causa D’Alessio para que sea investigada con una contradenuncia del fiscal Stornelli contra el falso abogado por supuesta “defraudación” al usar su nombre para extorsionar. Por el contrario, en el último párrafo de su resolución le pide a Ercolini que sea él quien le mande aquel expediente para investigarlo junto a la causa D’Alessio.
Juego de espejos. Juego de cartas. Y de apuestas fuertes.