El fallo de la Corte Suprema que obliga al Estado nacional a pagarle 15.000 millones de pesos a San Luis podría verse como la consecuencia o el capítulo final de una
serie de desentendidos entre la cabeza del Poder Judicial y Mauricio Macri. Los jueces lo ven, en cambio, como uno más de los pasos pasos inaugurales que está dando el animal polifacético en que se convirtió la Corte desde que Ricardo Lorenzetti fue corrido de la presidencia del cuerpo.
Como publicó Clarín, tras la decisión sobre San Luis llegará otra análoga sobre Santa Fe, que podría darle a la provincia de Miguel Lifschitz 45.000 millones. “Si Santa Fe se apura con las presentaciones, ese fallo sale rápido, porque lo que le falta a ese expediente es que el interesado lo impulse”, explicó este miércoles uno de los ministros de la Corte que votó a favor del pago a la provincia de los Rodríguez Saá. “Si los santafesinos se mueven, eso podría salir en marzo tranquilamente”, aseguró otro de los jueces del tribunal, satisfecho con la dinámica de “cuerpo colegiado” que tomó la Corte en los últimos meses, poco después de la llegada de Carlos Rosenkrantz a la presidencia.
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El martes próximo, el Gobierno conseguirá una vara para medir el tamaño de las preocupaciones que pueden generarle los habitantes del cuarto piso del Palacio de Justicia. Ese día, los cinco jueces establecerán qué casos los ocuparán en los próximos tres meses. En la Corte aclaran que esa lista tendrá una decena de temas pero no será exhaustiva: si otras causas avanzan, también podrán ser incluidas. Los jueces todavía no se pusieron de acuerdo sobre esa lista corta, pero algunas de las propuestas que comenzaron a girar por los despachos con una velocidad desconocida en otros momentos alcanzarían para amargarle el día a Macri y a varios de sus ministros.
Uno de los vértices del triángulo que construyeron Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda impulsa la resolución del reclamo de Santiago del Estero y otras provincias para que se restituyan los giros del Fondo Sojero, constituido por el porcentaje coparticipable de las retenciones a las exportaciones de soja, que fue desmontado en 2018.
Otro de los jueces de esa mayoría cada vez más estable advierte que podría incluirse en esa agenda también una decisión sobre la extensión de un reajuste jubilatorio -basado en el “Fallo Badaro”- que podría modificar los haberes de cientos de miles de jubilados. Ese expediente fue iniciado en 2009 por la Defensoría del Pueblo y podría tener consecuencias inmediatas para el presupuesto público, porque el demandante busca que se le reconozca la representación colectiva. Esa celeridad lo diferenciaría de la resolución del “Caso Blanco”, que en diciembre de 2018 benefició a un camionero jubilado y que se traslada cada semana a otras personas que pidieron reajustes similares. Los ministros de la Corte firman cada martes entre 1.000 y 1.200 fallos en casos análogos al de Blanco y ese goteo -que terminará cuando se firmen 12.000 expedientes casi iguales- le permite a la Anses distribuir el impacto económico de la medida.
Otra decisión con implicancia presupuestaria podría ser el avance de los juicios de jubilados que reclaman que sus haberes no sean alcanzados por el Impuesto a las Ganancias. Ese tema ya pasó por dos vocalías de diferentes ministros.
El sector de la Corte más enojado con el Gobierno también se relame con la resolución sobre el intento del gobernador riojano, Sergio Casas, de conseguir una nueva reelección por la consecuencia que podría tener sobre las aspiraciones de un amigo del oficialismo, el rionegrino Sergio Weretilneck, que tiene un proyecto similar al de su par norteño.
Para ser incluido en esa agenda urgente, cada tema necesita la aprobación de tres de los cinco jueces, que en las últimas semanas se preocuparon por mostrar que están lejos de la red de operadores que recorre los Tribunales en nombre del Gobierno. “Hoy estamos en una nueva situación: cuando está la sentencia, sale la sentencia”, explica -con un asombro que no alcanza a disimilar- un juez acostumbrado a moverse en el terreno político.
Esa incertidumbre sobre las decisiones de la Corte tiene a los saltos al Gobierno desde noviembre, y se agrava con la inminencia de la campaña electoral, e, incluso, con la caída de la imagen de Macri, un termómetro que ningún miembro del Poder Judicial se olvida de consultar cada día.