Finalmente, Cristina Kirchner esperará a mayo para enfrentar su primer juicio oral y público por corrupción. Aunque la fecha prevista era para el próximo martes 26 de febrero, el Tribunal Oral
Federal 2 (TOF 2) postergó el comienzo de las audiencias por el estado de salud de uno de sus integrantes, Jorge Tassara, quien será intervenido quirúrgicamente en los próximos días.
La causa, en la que también están procesados Lázaro Báez y varios ex funcionarios kirchneristas, investiga irregularidades en la obra pública. La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita que direccionó 52 contratos viales a favor del empresario K por $ 46.000 millones.
La semana pasada, el Tribunal había rechazado por unanimidad los pedidos formulados por Cristina Kirchner con los que buscaba retrasar el inicio del juicio. La ex Presidenta había requerido la suspensión de esta etapa por no concluirse la instrucción preliminar (ya que aún no finalizó una pericia pedida por ella) y que el expediente quedara radicado en Santa Cruz.
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La resolución del TOF 2 a la que accedió Clarín explica que el juez Jorge Tassara fue “internado a los fines de ser sometido a una operación de urgencia del tipo by pass aorto coronario” y que por su estado de salud, el juicio contra la senadora de Unidad Ciudadana dará inicio el 21 de mayo.
La acusación contra Cristina Kirchner, Julio De Vido, José López y Carlos Kirchner, entre otros ex funcionarios, además de Báez, es haber constituido desde el Gobierno y organismos vinculados a la obra pública, una “organización criminal” para la “sustracción de fondos públicos a través de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales a favor del Grupo Austral”.
En este contexto, se analizaron gran parte de las licitaciones y se determinó que “se cobró un 19% más del valor original, y después hubo más modificaciones de costos”, según consta en la causa. El objetivo, de cara al juicio, es “el decomiso y reintegro de todo lo robado”, señalaron fuentes judiciales a Clarín.
Para la tarea de ponerle una cifra al perjuicio, la Justicia sostiene que se montó un “esquema de beneficios exclusivos y permanentes en favor” de Báez en “detrimento de las arcas del Estado”. Fue a través de simulación de licitaciones, falsas constituciones de UTEs con firmas del empresario K, sobreprecios del 64,72%, adjudicación de nuevas obras pese a incumplimientos sistemáticos, la presentación de un mismo certificado de capacidad técnica, celeridad al momento de entregarle obras y anticipos a Báez, entre otros puntos.
JPE