Después de ser aceptada como querellante para reabrir la causa por enriquecimiento ilícito de los Kirchner, la Unidad de Información Financiera (UIF), pidió en su nuevo rol que el juez a
cargo del expediente resuelva la nulidad de los sobreseimientos oportunamente dictados y se “disponga la reapertura de la investigación, convocando a los involucrados en calidad de imputados, por encontrarse sobradamente acreditado el grado de sospecha respecto al delito de enriquecimiento ilícito”, señala el pedido al que accedió Clarín.
Lo que tenés que saber hoy | Las noticias más importantes del día para leer en diez minutos
Recibir newsletter
La UIF fue aceptada como querellante hace una semana en el reclamo para reabrir la causa contra el matrimonio Kirchner sobre su crecimiento patrimonial, bajo la premisa de “cosa juzgada írrita” o ilegal, planteo que refuerza el organismo del Gobierno después de que Víctor Manzanares -quien fuera el contador de los ex presidentes- confesó ante el fiscal Carlos Stornelli que el juez Norberto Oyarbide -que tuvo la causa-, manipuló una pericia para cerrar la investigación.
Con el avance de las revelaciones en la causa de los cuadernos de las coimas y el supuesto flujo de fondos ilegales hacia el matrimonio Kirchner, la UIF pidió ante la Cámara Federal porteña que desarchive el expediente en el que Oyarbide había sobreseído en el 2009 en tiempo récord al matrimonio Kirchner, investigado en aquel momento por enriquecimiento ilícito. En este contexto, la Sala I de la Cámara Federal porteña aceptó al organismo que dirige Mariano Federici como querellante en la pelea por la reapertura de la investigación.
Esto fue requerido el año pasado. Ahora en su carácter de querellante, la UIF se presentó ante el juzgado 5 que era el que tenía a cargo Norberto Oyarbide (este año subrogado por el juez Ariel Lijo), para pedir que se resuelva la nulidad de los sobreseimientos oportunamente dictados en 2009.
Acto seguido, el organismo que conduce Mariano Federici solicitó que se disponga la reapertura de la investigación, “convocando a los involucrados en calidad de imputados, por encontrarse sobradamente acreditado el grado de sospecha respecto al delito de enriquecimiento ilícito”.
La primera presentación para reabrir la causa se realizó después de que Oyarbide admitió que actuó bajo presiones de los ex presidentes; del ex director de la SIDE, Antonio Stiuso, y del operador judicial K Javier Fernández en relación a dicha investigación.
La causa contra los ex presidentes se inició con una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans al detectar que sólo en 2008, los Kirchner habían declarado un aumento de su patrimonio del 158 por ciento.
En aquel entonces, los peritos de la Corte señalaron que el aumento de los bienes de Néstor “no se justificaba” con sus ingresos, pero Oyarbide se basó en un informe del contador K, Víctor Manzanares, y archivó la causa. El fiscal Eduardo Taiano no apeló esa sentencia, pero luego se vinculó esa sorprendente decisión a un secuestro exprés que sufrió su hijo.
Por tal motivo la UIF retomó este planteo y recordó que el pedido de nulidad formulado hace énfasis en las “severas deficiencias de la pericia contable ordenada por Norberto Oyarbide, entonces titular del Juzgado actualmente a Vuestro cargo, que en modo alguno permite concluir la inexistencia de delito”.
A su vez, plantearon que el estudio realizado por el Cuerpo de Peritos Contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se elaboró en “brevísimos plazos y fue realizado en base a fotocopias de unas pocas piezas procesales -seleccionadas por el otrora juez- y del estudio aportado por el contador Víctor Manzanares”, detenido en la causa Los Sauces y procesado junto a Cristina Kirchner por asociación ilícita.
En paralelo, vinculado a la causa Hotesur -firma de la familia Kirchner investigada por lavado de activos-, inició una investigación sobre las declaraciones juradas de la ex Presidenta que abarca el período 2009-2015 a raíz de diversas inconsistencias detectadas: bienes no declarados, movimientos bancarios que no guardan coincidencia con los volcado en las declaraciones juradas, entre otros aspectos.
Cuando Néstor Kirchner llegó a la Casa Rosada en 2003, consignó un patrimonio de 6.851.810 pesos. En la primera declaración jurada como jefa de Estado, en 2007, Cristina reconoció bienes por 17.824.941 pesos. Las primeras denuncias surgieron: en un año, el matrimonio la fortuna del matrimonio había dado un salto sustancial del 158%. Declararon bienes por 46 millones de pesos.