Catorce organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos alertaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la regresión en las políticas migratorias que implementa el Gobierno argentino de Mauricio Macri después de que dos provincias -Jujuy y Santa Cruz- dos medidas “que violan la igualdad de derecho y la no discriminación de la población migrante”. “Tanto a nivel normativo como en las prácticas estatales, el país ha desarrollado medidas que restringen los derechos de las personas migrantes”, señalaron en una carta pública enviada a cuatro autoridades del organismo.
“Estos cambios normativos se dan en un marco de enorme retroceso en las políticas migratorias que se vienen llevando a cabo en el país y que restringen considerablemente los derechos de las personas migrantes, como la modificación por DNU de la ley Nacional de Migraciones en 2017”, expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una de las organizaciones firmantes, refiriéndose al decreo presidencial que restringe las condiciones de permanencia de los extranjeros que delinquen en Argentina.
El gobernador de Chubut firmó un decreto para expulsar a extranjeros que delinquen
Las organizaciones firmantes mencionan el caso de una peruana madre de tres argentinos, Vanessa Gómez Cueva, quien “vivió en el país por más de 15 años, cumplió su condena en 2014 y aun así fue expulsada con su hijo menor y sin poder despedirse de los otros dos”. Ambas disposiciones no sólo violan la Constitución y la Ley de Migraciones sancionada en 2003, “sino que también incumplen las obligaciones internacionales del Estado Argentino y retroceden en la garantía de derechos a esta población”, advirtieron las catorce organizaciones.
Según la presentación, el Poder Ejecutivo “intenta vincular la migración con el delito y fomenta la discriminación y la xenofobia hacia las personas migrantes”, señala el escrito dirigido al secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrao, al relator sobre los derechos de los migrantes, el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, a la comisionada Esmeralda Arosemena de Trotiño y a la relatora sobre los derechos económicos, sociales culturales y ambientales, Soledad García Muñoz.
Bullrich confirmó el proyecto de la expulsión express de extranjeros que delinquen
“Resulta necesario que el Estado argentino derogue el DNU 70/2017 y disponga las medidas administrativas y políticas necesarias para que en nuestro país se garantice la igualdad de derechos para las personas migrantes, el derecho a la vida familiar, la unidad familiar y el interés superior del niño”, dice la presentación.
Las organizaciones firmantes son Amnistía Internacional, Abogados y abogadas del Noroeste argentino en derechos humanos y estudios sociales (ANDHES), Asociación Civil CineMigrante, el CELS, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Colectivo para La Diversidad (COPADI), la Comisión Argentina para Refugiados y Migrantes (CAREF), el Equipo de Investigación en Antropología y Migración.
Además se adhieren a este reclamo el Equipo Migraciones del Centro de Innovación y Desarrollo para la Acción Comunitaria, el Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Integración (IARPIDI), Migrantes x Migrantes, el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes del Instituto de Investigaciones Gino Germani, la Red Nacional de Líderes Migrantes en Argentina y la Universidad Nacional de Lanús (UNLa).
D.S.