El gobernador peronista de Chubut, Mariano Arcioni, en una decisión controvertida, dispuso por decreto no permitir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales a la provincia y expulsar a aquellos condenados
por delitos cometidos en la Argentina o en el extranjero.
El artículo 1° del decreto dice textualmente: “Disponer por intermedio del Ministerio de Gobierno la realización de aquellas medidas conducentes a la expulsión y prohibición de ingreso a la provincia de Chubut, de ciudadanos extranjeros que hubieran sido condenados o se encuentren cumpliendo condena, que reúnan antecedentes penales o condena no firme por delitos cometidos en la República Argentina o en el extranjero”.
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Federico Massoni, ministro de Gobierno provincial, declaró a medios chubutenses que “no podemos permitir la delincuencia importada ni de ningún tipo en nuestro territorio. Es inadmisible que ,una vez que se los detiene con el esfuerzo del Estado y la Policía, cada ciudadano aporte $ 4700 diarios para mantenerlos”.
Mientras tanto, el segundo artículo del polémico decreto -que ya fue descalificado por “vicios de inconstitucionalidad” por diversos juristas consultados por Clarín- sugiere un canal de diálogo con el Ejecutivo Nacional, que hace tiempo intenta una reforma migratoria para poder aplicar esas medidas que el cuerpo legal por ahora impide ejercer sin una decisión del Poder Judicial.
En el decreto se habla de “impulsar la formalización de convenios vinculados con acciones recíprocas y de colaboración con la Dirección General de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Presidencia de la Nación”,según expresa el texto.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, Chubut es la tercera provincia con más extranjeros del país en proporción a la cantidad de habitantes. Sólo se ve superada -en porcentaje- por Santa Cruz y Tierra del Fuego. El promedio de extranjeros en algunas provincias patagónicas ronda casi el 10% del total de habitantes.