El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, y el secretario de Seguridad, Marcelo D’Alessandro, cuestionaron la liberación de otro motochorro y la forma en la que interpretan la ley los jueces
que toman esas decisiones, al tiempo que confirmaron que el delincuente colombiano liberado tras el pago de 700 pesos sigue prófugo, por lo que aún no pudo ser expulsado del país.
“De alguna manera te agota, te enoja, te da bronca, todos los días trabajamos para poder vivir en paz, para tener justicia, como todos queremos vivir, y de repente otro caso más: un tipo que hizo once robos de celulares, cayó, quedó libre a la espera de un juicio y en la segunda jornada otra vez roba nueve celulares. Así es imposible, mas allá de que una y mil veces vamos a ir a buscarlos”, expresó Santilli.
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En diálogo con radio Mitre el funcionario porteño se refirió al caso de Leandro Bazán (27), detenido dos veces con celulares robados bajo la modalidad motochorro y liberado por la justicia.
“Terminar con esto significa meterlos presos y si es extranjero patitas afuera. Ahora, al colombiano tenemos que encontrarlo, tengo todo un dispositivo de seguridad desplegado, ya que después de que salió el tema en todos lados se fugó y tenemos que encontrarlo porque tiene que ser expulsado del país”, agregó en referencia Stevens Jurado Mora (25), liberado dos días después de ser detenido a cambio de un resarcimiento de 700.
“Este tipo que pague la condena que tiene que pagar como consecuencia de lo que viene haciendo. Hay que cambiar la actitud, mientras los casos sigan saliendo en los medios la justicia va tener que cambiar la actitud”, expresó Santilli.
“Cuando me puse a mirar las estadísticas del mapa del delito del año pasado -agregó- vi que todos los delitos bajaron salvo el robo y el robo en moto. Si el tipo que te roba se escapa y no pasa nada el delito que muta se va a ese segmento, si igual están todos libres”.
Por tal motivo, el vicejefe de Gobierno consideró muy importante una reforma del Código Penal para terminar con estos casos de “impunidad”.
Por su parte, el secretario D’Alessandro expresó que en estos casos de liberaciones de delincuentes “la Justicia da beneficios que no se terminan de comprender”.
“Otra vez estamos ante un caso de una persona que la Policía de la Ciudad detiene con once celulares, que son once víctimas robadas con la modalidad de motochorros, con violencia, y que la la justicia le da beneficios que no terminamos de comprender”, dijo el funcionario en diálogo con TN.
Consultado sobre el magistrado que actuó en esa causa, el Criminal y Correccional N° 18, Pablo Ormaechea, D’Alessandro dijo que se pidió “a través del representante del Poder Ejecutivo en la magistratura que el juez explique por qué actuó así”.
“Queda bien plasmada una vez más la reincidencia que tienen estos delincuentes y me parece que de una vez por todas las justicia debe entender que estos beneficios que tiene la ley no pueden ser para todos. Esta modalidad (de robo en moto) es muy violenta, estamos combatiéndola día a día con muchos operativos, es una demanda de la sociedad”, explicó el funcionario.
Y luego se preguntó: “¿De qué sirve realizar todo este esfuerzo ir y ponerlo a disposición de a justicia si después…?”.
Al respecto recordó el caso del motochorro colombiano liberado en un juicio abreviado tras el pago de 700 pesos, que aún no pudo ser localizado, y consideró que los jueces deben “interpretar la ley de acuerdo a las necesidades del momento”.
“¿Por qué vienen los extranjeros a delinquir acá? Porque la ley les resulta mucho más amigable que en su país”, concluyó.
De acuerdo al mapa del delito de la Ciudad de Buenos Aires, en 2018 la modalidad de robo en moto o motochorro subió un 3,03% respecto de 2017, al pasar de 10.838 casos a 11.166.
A raíz de ello, desde el Gobierno porteño dispuso la creación de un cuerpo especial conformado por unos 800 efectivos de la Policía de la Ciudad para combatir ese delito.