Pidieron a los “aportantes del sector privado y a las empresas que financian a partidos políticos” que, mientras esta ley no se apruebe, sus aportes los hagan “únicamente con dinero bancarizado” y “dentro de los límites impuestos por la ley a sus contribuciones”.
Días atrás, el Gobierno informó que buscará sancionar una nueva ley de financiamiento político en las sesiones extraordinarias del Congreso, donde la iniciativa ha sido resistida por el peronismo desde hace tres años.
Advirtieron que “si se mantiene el statu quo, peligra la credibilidad y la legitimidad de la democracia argentina” y que “el régimen de financiamiento de la política de Argentina no está funcionando”.
“El dinero circula en efectivo. Las campañas se financian con fuentes no permitidas. Los oficialismos nacionales y provinciales usan recursos públicos para las campañas. Las rendiciones de los partidos son inconsistentes y las sanciones llegan tarde”, plantearon en la solicitada.
Agregaron que esta situación “queda en evidencia con cada uno de los escándalos que sistemáticamente estallan luego de cada elección” y advirtieron que “la transparencia del financiamiento político y electoral es un compromiso colectivo, que involucra a la dirigencia política e interpela también al empresariado”.
La iniciativa #2019Transparente también busca el compromiso de otras instituciones que participan de las elecciones. Por eso, pidieron a la Justicia Electoral que destine “más recursos para el control de las campañas”, para “acelerar las investigaciones” y también las sanciones.
A los medios de comunicación y periodistas, en tanto, les reclamaron colaboración “exigiendo y publicando información sobre el financiamiento de cada campaña”.
