El Gobierno nacional confirmó que analizará la actividad de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en la Argentina y que no descarta actuar en sintonía con las autoridades estadounidenses que
ya le bloquearon US$ 7.000 en ese país.
Lo confirmó este martes el canciller Jorge Faurie, quien precisó que la tarea quedará a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF).
Faurie, ante una pregunta tras la conferencia de prensa en la Casa de Gobierno, admitió que se analizan los movimientos actuales de fondos de PDVSA en la Argentina, los cuales “son muy acotados” y se reducen a una decena de estaciones de servicio, si bien la empresa tuvo una gran actividad comercial durante el último período del kirchnerismo.
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Estados Unidos comunicó este martes que permitirá a la oposición venezolana controlar fondos del Ejecutivo de Nicolás Maduro que estén en cuentas mantenidas por el banco de la Reserva Federal o cualquier otra entidad asegurada.
El Departamento de Estado de Washington informó en un comunicado que su máximo responsable, Mike Pompeo, autorizó el 25 de enero a Juan Guaidó -a quien ahora Estados Unidos reconoce como el presidente legítimo de Venezuela- a “recibir y controlar” propiedades del Gobierno o del Banco Central de Venezuela en entidades financieras estadounidenses.
En el 2006, el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez difundió un plan para convertir a PDVSA, por entonces una empresa comercial, en una herramienta de política nacional e internacional.
Hasta el desplome de los precios del crudo en 2014, el Gobierno de Venezuela utilizó a PDVSA para financiar programas de asistencia social domésticos y proveer a países de la región con combustible barato para promover su modelo socialista y contrarrestar la influencia de Estados Unidos.
El caso más conocido es el de Petrocaribe, un programa mediante el que Venezuela envió crudo y combustibles a países caribeños bajo términos de crédito o en intercambio de otros productos.
Chávez también firmó acuerdos con otros gobiernos de la región, incluyendo a los de Argentina y Uruguay, para venderles combustible e invertir en infraestructura del sector energético y había planificado la instalación de 600 estaciones gasolineras en la Argentina, con el propósito de alcanzar el 12 por ciento del mercado local.
Fuente: Télam