La iniciativa, del diputado del Frente Renovador, Ricardo Lissalde, pretende que aquellas personas que tengan causas por corrupción o enriquecimiento ilícito estén temporalmente inhabilitadas para presentarse a
cargos públicos electivos en la provincia así como a cargos partidarios.
En un comunicado, se detalló que se pretende que no puedan ser precandidatos en elecciones primarias ni generales a cargos públicos electivos provinciales “aquellas personas que estén condenadas, con fallo en segunda instancia, por delitos como enriquecimiento ilícito, malversación de caudales públicos, corrupción, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, entre otros”.
De aprobarse el proyecto, esas personas tampoco podrán ocupar cargos en las conducciones de los partidos políticos.
Para ello, la iniciativa parlamentaria modificará la Ley de Elecciones Primarias, Abiertas y Simultáneas (PASO) y la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.