El Gobierno nacional advirtió este lunes que la consulta popular en la Rioja, en la que el gobernador peronista Sergio Casas se adjudicó haber quedado habilitado para aspirar a un
tercer mandato en la provincia, fue “un proceso muy manoseado”.
Fue el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, quien le quitó crédito al procedimiento del que participó apenas el 43,95% de los ciudadanos habilitados.
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“Fue un proceso muy manoseado, muy cuestionado. Una pena, porque son cosas que, en definitiva, afectan a la democracia”, sostuvo Garavano.
El domingo a la noche, con el 99,12% de mesas escrutadas, el “Sí” conseguía 70.945 votos (25,2% del padrón) contra 50.247 (17,9%) del “No”.
El ministro, además, definió a la consulta y sus resultados como “una cosa muy cuestionada”. “Particularmente, soy contrario a las reelecciones en términos generales”, agregó en diálogo con radio La Red.
Las palabras del ministro están en sintonía con las de los referentes locales de Cambiemos, quienes remarcaron la baja participación de los comicios y rechazaron que el resultado implicara un apoyo a la enmienda constitucional.
En cambio, los voceros oficiales del gobernador, apenas terminada la votación y sin todavía datos del escrutinio, comenzaron a señalar que la oposición no había conseguido que el “No” alcanzara el 35% del padrón, por lo que que el mandatario peronista quedaba habilitado a ser candidato para un nuevo mandato.
“Todos somos reemplazables En definitiva en eso está la fortaleza de la democracia de una sociedad. Lamentablemente en la Argentina ha pasado varias veces y sigue pasando, y no aprendemos”, concluyó Garavano.
Desde Cambiemos, en tanto, anticiparon que volverán a la Justicia.
En la Corte Suprema de la Nación aseguraron a Clarín el domingo que esperaban una nueva presentación, luego de que el Máximo Tribunal rechazara frenar la consulta popular que terminó con una nueva controversia.
La controversia gira en torno a la ambigüedad de la redacción del artículo 84 de la Constitución provincial, que abre lugar a las interpretaciones: “Toda propuesta que sea sometida a consulta popular obligatoria se tendrá por rechazada por el pueblo si una mayoría de más del 35% de los votos de los electores inscriptos en el Registro Electoral no la aprueba”.